La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el rechazo de la excarcelación del ex funcionario de la Municipalidad bonaerense de General Rodríguez Carlos Poggi Yanzón, imputado por tráfico ilegal de efedrina.

En concreto, Poggi Yanzón, que presidía la Dirección de Desarrollo Industrial de aquella comuna, está procesado por los “delitos de guarda de materias primas para la producción o fabricación de estupefacientes, producción fabricación, extracción o preparación de estupefacientes, comercio de estupefacientes y de materias primas para la producción y fabricación de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas".

El tribunal desestimó el recurso de apelación contra la sentencia del 28 de noviembre último, por la que ratificó el auto de procesamiento y la prisión preventiva de Poggi Yanzón.

Para ello, la cámara remarcó la gravedad del delito que se le imputa al ex funcionario, que se encuentra detenido desde el pasado 3 de septiembre.

Y agregó que el trámite de la causa muestra “la acción de una organización transnacional cuyo objeto sería la producción y distribución de estupefacientes. Que a tal fin habría montado y utilizado en la República una compleja estructura para cumplir el designio criminal planteado mediante por ejemplo la provisión de efedrina y pseudoefedrina. Todo ello con el concurso estructurado de una pluralidad de personas de nacionalidad mejicana y argentina”.

La situación del imputado

Según el fallo de primera instancia, confirmado por la cámara, Poggi Yanzón aparece vinculado en una organización dedicada a la producción ilegal de estupefacientes.

Específicamente, dijo que Poggi Yanzón “suscribió el contrato de arrendamiento -en calidad de locatario- sobre el galpón ubicado en Bernardo de Irigoyen 350 de General Rodríguez. Ese lugar fue utilizado para la estiba de distintos tambores de uso industrial. A la postre y con motivo de la pesquisa se pudo determinar que uno de esos tambores contenía 73,90 gramos de efedrina”.

Asimismo, indicó que su intervención no responde al rol de un mero intermediario en un alquiler sino que, por el contrario, las evidencias “demuestran razonablemente que era un sujeto destacado de la organización con funciones predeterminadas; inclusive, de acuerdo a sus conocimientos profesionales (técnico químico y licenciado en Seguridad e Higiene) y al cargo jerárquico que desempeñaba en la administración pública municipal, se encontraba en una objetiva posición de ventaja para dirigir y concretar todas aquellas tareas que por naturaleza propia -como las ya descriptas-  coadyuvarían a cumplir el objeto ilícito de la organización”.