A través de una acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la organización de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, creada en diciembre último para monitorear las causas que involucran violaciones a los derechos humanos.

Así, mediante la acordada 4/09, el Máximo Tribunal resolvió que aquella unidad actuará bajo la dependencia de la Secretaría General y de Gestión, y se integrará con un secretario letrado (designado por esta última disposición), un prosecretario administrativo y un auxiliar.

Entre las funciones asignadas a la dependencia especial están la de requerir informes a los magistrados sobre la evolución de los procesos; exhortar a los jueces a acelerar las causas y al Consejo de la Magistratura a tomar medidas para dotar de recursos humanos y materiales a los tribunales que intervienen en estos casos y convocar a los otros poderes del Estado y a la Procuración General de la Nación a coordinar medidas para agilizar el trámite de los procesos.

La decisión de la Corte de crear esa unidad se enmarca en una política de estado compartida desde el regreso de la democracia por los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, enfocada en la persecución de los delitos de lesa humanidad.