Desde las notificaciones electrónicas hasta la consulta online de expedientes en Internet, los tribunales de todo el país alimentan un nuevo concepto de gestión judicial, enfocado en modernizar el servicio de justicia que se brinda a los ciudadanos y acelerar los plazos para resolver juicios.

"Hay que transformar internamente el Poder Judicial, incorporar criterios de gestión, porque la que tenemos es del siglo XVII. Estamos trabajando para que esa gestión, que apunta al cambio cultural, sea también respaldada por la tecnología", resume el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. 

Así, en noviembre último se pusieron en marcha en dos provincias avances tecnológicos  que permitirán agilizar las causas judiciales: San Luis implementó un sistema informático de gestión integral y Entre Ríos amplió a nuevos fueros la consulta de expedientes por Internet.

En tanto, en Neuquén, el Superior Tribunal de Justicia dispuso publicar en Internet sus acuerdos ordinarios y extraordinarios, plasmando de esa manera el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno.

En Tucumán, la Corte Suprema de Justicia provincial habilitó un novedoso sistema de videoconferencia para que funcionarios judiciales de esa provincia puedan comunicarse con detenidos, medida que permitirá reducir costos y agilizar las causas al disminuir el número de traslados de privados de libertad desde los institutos penales a los juzgados para prestar declaraciones.

Mientras, avanzan las tareas que lleva adelante la Comisión Nacional de Informática, integrada por especialistas en tecnología de la información de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, para implementar un proyecto piloto de notificaciones electrónicas en el fuero civil de la Capital.

También en Capital, la Justicia penal implementó un sistema de comunicaciones por correo electrónico entre juzgados y comisarías e institutos de detención, mecanismo que permite acelerar el trámite de las causas y ahorrar materiales y tiempo al personal.

El sistema es utilizado desde noviembre último, como prueba piloto, por diez juzgados de Instrucción de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional: cinco (juzgados N° 8, 22, 25, 28 y 30) para las comunicaciones con la Policía Federal y otros cinco (14, 17, 19, 20 y 26) para con el Servicios Penitenciario Federal. La intención es ampliarlo a más dependencias. 

Alineada en el nuevo paradigma de gestión, la Cámara de Casación Penal requirió a la Corte Suprema de Justicia la puesta en funcionamiento de una oficina judicial que asistirá a aquel tribunal en las audiencias dispuestas por la ley 26.374, que obligó a realizar en forma oral todas las impugnaciones.

La acordada, firmada el 10 de diciembre último, explica que aquellas audiencias orales generan una dinámica de trabajo administrativo que debe estar a cargo de personal especializado y, por ello, resulta “imperativa” la puesta en marcha de la oficina judicial.