La Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal dispuso que deberá intervenir el Juzgado en lo Penal Tributario Nº 1, a cargo del juez Javier López Biscayart, en la causa por la presunta falsificación de la firma de un funcionario de la Inspección General de Justicia en el libro de Actas de Asamblea y Directorio de la empresa Caliban SA.

Así lo determinó al resolver un conflicto negativo de competencia entre ese juzgado y el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, cuyo titular es el juez Ariel Lijo.

El legajo se originó en la extracción de testimonios del caso Skanska, donde se investiga a esa empresa sueca y a otras compañías por el uso de facturas apócrifas para permitir el pago de sobornos. En Skanska, Caliban SA/Infiniti Group SA está investigada –junto a otras empresas- por integrar una asociación ilícita que facilitaba la comisión de delitos, muchos de ellos relativos a la evasión de tributos, por parte de terceros.

El tribunal destacó que el hecho investigado en la presente causa se refiere a la posible falsificación de la firma atribuida a la escribana Ana Beatriz Bomparola -en su carácter de responsable del Área Intervención y Rúbricas del Departamento de Coordinación Administrativa de la IGJ- en el libro de Actas de Asamblea y Directorio de la firma Caliban SA, secuestrado en el interior del domicilio de Adrián Félix López, apoderado de Infiniti Group SA.

Al respecto, dijo que en el expediente principal (“Di Biase”, que tramita ante el fuero Penal Tributario), donde se acreditó la existencia de una asociación ilícita que, mediante la creación de personas jurídicas de existencia meramente formal, desplegaba maniobras delictivas indeterminadas y dirigidas a defraudar al fisco nacional, la falsificación de la documentación de dichas sociedades espurias “no puede considerarse un hecho distinto e independiente de los ventilados en aquél expediente, ya que resulta evidente que el único objetivo de ese accionar fue el de simular el normal funcionamiento de las empresas ficticias para lograr la consecución de tales fines”.

Agregó que así lo ha entendido la Cámara Nacional de Casación Penal, al dirimir un conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado en lo Penal Tributario N° 1 y el Juzgado Federal N° 2. Allí se afirmó que existe una correlación entre delito de medio -falsedad ideológica- y delito fin -asociación ilícita- y que, en consecuencia, si se pretendiera mantener a esta altura de las investigaciones procesos separados y paralelos en distintas sedes judiciales se conspiraría contra una ágil y eficaz administración de justicia, afectando  el derecho de defensa de las partes.