La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (como presidente), Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, hizo lugar a los recursos planteados por el Ministerio Público Fiscal y por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén (como querellante) en contra de una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rio Negro.

El pronunciamiento revocado había negado la responsabilidad penal de los imputados con relación a homicidios ocurridos en el centro clandestino de detención llamado "La Escuelita"  (Bahía Blanca), en virtud de que aquéllos no operaban allí, sino en la provincia de Neuquén, donde se habían secuestrado a las víctimas.

En oposición a dicho criterio, el tribunal revisor consideró que lo decidido se basó en un análisis parcial del caso, pues no se tuvo en cuenta, entre otras cosas, las funciones y los roles que los imputados cumplían en la Unidad de Inteligencia 182 de Neuquén, lo cual impedía desvincularlos de la investigación.