El juez Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, dispuso este jueves el procesamiento y prisión preventiva de Ricardo Jaime y Manuel Vázquez en el marco de la causa por la compra de trenes a España y Portugal. Además, trabó embargo hasta cubrir la suma de 100 millones de pesos cada uno.

Además, dispuso el procesamiento de Juan Pablo Schiavi, Ignacio Soba Rojo y Ricardo Testuri.

Ricardo Jaime: fue procesado por ser considerado prima facie autor penalmente responsable de los delitos de peculado de bienes, administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles, y como partícipe necesario del delito de tráfico de influencias, todos los que concurren en forma ideal. Embargo por 100 millones de pesos.

Manuel Vázquez: fue procesado por ser considerado prima facie autor penalmente responsable de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles; y como partícipe necesario del delito de peculado de bienes, administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, todos los que concurren en forma ideal. Embargo por 100 millones de pesos.

Juan Pablo Schiavi: fue procesado por ser considerado prima facie partícipe necesario del delito de peculado de bienes y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, los que concurren en forma ideal. Embargo por 20 millones de pesos.

Ignacio Julián Soba Rojo: fue procesado por ser considerado prima facie partícipe necesario de los delitos de peculado de bienes, administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles, todos los que concurren en forma ideal. Embargo por 10 millones de pesos.

Ricardo Domingo Testuri: fue procesado por ser considerado prima facie partícipe necesario de los delitos de peculado de bienes, administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles, todos los que concurren en forma ideal. Embargo por 10 millones de pesos.