La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó una medida cautelar dispuesta por una jueza de primera instancia, por la que obligó al Estado nacional elaborar un plan de contingencia para reforzar la lucha contra el narcotráfico.

Así, el tribunal hizo lugar a un recurso de apelación presentada por el Estado nacional contra la decisión que, en diciembre de 2007, hizo lugar a una cautelar y le exigió realizar, por intermedio de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, un plan especial de contingencia para el Gran Córdoba, a los fines de reforzar el rol de la Policía de la Provincia de Córdoba en la tarea de prevención y erradicación del narcotráfico.

En el recurso, el Estado nacional destacó “las graves consecuencias de índole institucional que entraña a su parte y para la sociedad el acatamiento de lo decidido, ya que altera la aplicación del diseño legal que garantiza la división de poderes”.

Asimismo, aseguró que la jueza “se expidió sobre la materia que constituye el objeto mismo del juicio y que esa identidad constituye un obstáculo a la admisión de la medida”.

La cámara indicó que “es obvio e ineludible que la autoridad pública y según sus potestades legales debe intervenir institucionalmente en procura de reducir o extinguir finalmente la actividad ilícita que resulta por el tráfico de drogas, para que las consecuencias de ella no afecten en definitiva a ciudadanos en particular, familias en general  o la comunidad social toda por el nuevo fenómeno social que ahora tiene trascendencia significativa”.

Pero agregó que “se entiende prudente -a esta altura del proceso- revocar el decreto recurrido en cuando hace lugar parcialmente a la medida cautelar… por cuanto de otro modo se caería en el error de efectuar una evaluación apresurada y sin profundidad de la compleja cuestión de fondo suscitada en el litigio, adelantando una sentencia de mérito”.

La causa se inició en octubre de 2007, por un amparo en el que se reclamó una mayor actividad preventiva y represiva de la Policía provincial, y requirió al Estado nacional reforzar o coadyuvar con sus autoridades públicas o Policía Federal Argentina en esa actividad.