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    Procesaron a ex directivos de SMATA por administración fraudulenta

    Se trata de dos ex integrantes del Consejo Directivo de la obra social del sindicato de mecánicos. Son investigados por contratos perjudiciales para la entidad y el pago de servicios nunca realizados, entre otras maniobras. Resolución completa

    Un juez de instrucción dispuso el procesamiento de dos ex integrantes del Consejo Directivo de la obra social del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) por administración fraudulenta.

    La medida fue dictada por Fernando Mario Caunedo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 10, y también involucra a otras dos personas. La resolución fue recurrida, por lo que no se encuentra firme.

    Así, el magistrado procesó a José Rodríguez y Angel Oscar Rascovich, quienes se desempeñaron como presidente y tesorero de la Obra Social, respectivamente, por administración fraudulenta y uso de documentos privados falsos. Por el primero de los delitos también fueron procesados Ana Fabiana Rodríguez y Alberto Fernández, por haber colaborado en algunas de las maniobras investigadas.

    El juez destacó que tanto Rodríguez como Rascovich, en su condición de integrantes del Consejo Directivo, tenían a su cargo la conducción de la entidad y el manejo de su patrimonio.  Y añadió que los hechos investigados importaron “un desvío de fondos de la entidad, con evidente ánimo de lucro, a través de maniobras diversas que perjudicaron el patrimonio social, en beneficio de los nombrados y/o de terceros vinculados a ellos”.

    En la causa se investiga el otorgamiento de los contratos perjudiciales para la obra social por la falta de correspondencia con las prestaciones a que se obligaban las sociedades; la extracción de los $200.000 en beneficio propio o ajeno, a través de un cheque del sindicato con la apariencia de un pago de la obra social mediante un recibo que resultó falso; y la práctica reiterada de la aceptación en el circuito administrativo de comprobantes de prestaciones de servicio apócrifos, mediante los cuales se procuraba su pago.

    Para el magistrado, esos hechos “importaron claras violaciones de los deberes que incumbían a los integrantes del consejo directivo nacional de la obra social, como así también un ejercicio abusivo de las facultades de administración del patrimonio social”.

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