La caso llegó al Máximo Tribunal por una cuestión de competencia entre la Justicia ordinaria de Salta y el fuero federal de la misma provincia, en la causa seguida a Andrés del Valle Soraide, por el delito de homicidio calificado del que resultaran víctimas José Lino Salvatierra y Oscar Ramón Rodríguez, ocurrido el 10 de mayo de 1977.

El fiscal ante la Cámara del Crimen de Salta dijo que los hechos investigados encuadran en la categoría “delitos de lesa humanidad”. En ese sentido, dijo que el imputado integraba la “Guardia del Monte”, grupo conformado por personal policial, cuya finalidad era la de combatir el abigeato y entender en cuestiones de límites, “pero que también operó bajo el amparo y la protección del Estado durante la última dictadura militar, persiguiendo y ejecutando a quienes resultaban disidentes de la política instaurada por el régimen”.

Ante ello, la Cámara del Crimen se declaró incompetente para juzgar el caso y dijo que debía entender la Justicia federal. Sin embargo, ésta no aceptó la competencia atribuida.

El Máximo Tribunal hizo suyos los fundamentos de la Procuración General de la Nación, quien aseguró que del expediente resulta que “el hecho investigado se desarrolló en el transcurso de la dictadura militar y que el imputado integraba un grupo policial sospechado de crímenes de lesa humanidad, actuando en un contexto de impunidad que le permitía ‘ajusticiar a unos y otros’. De tal forma, Soraide está imputado en la causa que investiga el secuestro y desaparición forzada del ex gobernador Miguel Ragone, el homicidio de Santiago Catalina Arredes y la privación ilegal de la libertad de Margarita Martínez de Leal, en trámite ante el Juzgado Federal N° 2 de Salta”.

Y concluyó: “En el marco descripto, no puede descartarse, en esta etapa del proceso, que los homicidios de Salvatierra y Rodríguez también configuren crímenes de lesa humanidad”.