Entre las diversas actividades previstas durante su estadía en la Provincia de San Luis, la Dra. Elena Inés Highton de Nolasco, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se entrevistó con los medios de comunicación locales. En la conferencia de prensa que se llevó a cabo el viernes 3 de abril a las 10hs. en la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal, la Ministra y los periodistas abordaron diversos temas de interés para la comunidad. Se destacaron la implementación de la Mediación en San Luis y en otras provincias, la instauración de la pena de muerte en Argentina, la autarquía del Poder Judicial y la imputabilidad de los menores, entre otros.

-¿Cuál es el motivo de su visita en San Luis?
-Hoy el Poder Judicial llevará a cabo un acto muy relevante para la provincia. Inaugurará el Centro de Mediación Judicial, un edificio donde se podrán resolver conflictos de una manera más pacífica, con el propósito de descongestionar los tribunales. Hoy el Poder Judicial de San Luis se pone al frente de un  movimiento que en el país, ya tiene mucho predicamento.

-¿Cuáles son los resultados que la Mediación ha arrojado en Buenos Aires?
-Es importante que la mediación sea obligatoria. Aquí todavía no lo es. En Bs. As. con la mediación prejudicial obligatoria en la Cámara Civil, por ejemplo, de 300 mil casos que fueron a mediación en 12 años, sólo el 30 % devino en juicio, quiere decir que el 65% arregló sus conflictos de otra manera.
La mediación penal o los programas victima-victimario son muy exitosos en otros países. Nuestro sistema legal todavía está en pañales. Sobre todo en caso juveniles, donde la gente puede rehabilitarse en vez de terminar de arruinarse, ya que se trata de chicos que a veces no tienen modelos que seguir y de este modo, aprenden a resolver los conflictos de un modo más democrático y esto se vuelve reconstituyente para la sociedad.

-¿Tiene la Mediación un plazo fijado por ley, en otras provincias?
-En la Capital Federal se había hecho obligatorio por 5 años, se renovó por otros 5 años por unanimidad del pedido de los jueces de las cámaras. Ahora hay un nuevo proyecto de ley en el Congreso que propone hacerla obligatoria por siempre.

-¿La implementación de la Mediación agiliza la tramitación de las causas?
-Siempre agiliza. No todos los conflictos los tienen que resolver los jueces. La gente cuando está muy peleada ni se habla y le cuesta ponerse de acuerdo. Por ello, existe un tercero neutral (mediador), el cual permite escuchar al otro y conversar de nuevo. Realmente se resuelven muchas cosas en una forma más rápida y económica y descongestiona el Poder Judicial, para que los Jueces puedan dedicarse a aquellos casos que no tengan otra forma de resolverse.

-¿Cómo se aplica la mediación en el ámbito penal?
-Ni todos los delitos, ni todos los casos, ni todos los delincuentes son susceptibles. En el ámbito penal es necesario obtener la voluntad de la víctima para acceder a la mediación, ya que en la mayoría de los casos, se necesita otro tipo de resarcimiento. En lo penal la mediación depende de cada situación.
La realidad es que en la Argentina hay muchos delitos  y no todos se castigan ni se pueden juzgar, entonces erráticamente se castigan unos y otros no, y a veces prescriben los más importantes y al final hay muchos ladrones presos de juzgado en juzgado.
Lo que hay que idear es una verdadera política criminal, donde justamente los casos más importantes sean resueltos por los jueces y los casos menos relevantes sean alternativamente juzgados y no simplemente que no pase nada, porque en el sistema pasan por un enfrentamiento, una responsabilidad que es mucho más que dejarlo prescribir sin que pase nada.

-¿Qué opina sobre la pena de muerte?
-La opinión que doy es del punto de vista jurídico. La pena de muerte está prohibida por las convenciones internacionales. El pacto de San José de Costa Rica y sus protocolos y reservas, impiden que la Argentina la instaure, habría que salirse del pacto. Es diferente en el caso de aquel país que ya la tenía antes de celebrar el pacto, el cual puede seguir aplicándola. Aunque no se podría instaurar a nivel internacional, porque sería una violación a los pactos.

-¿Cuál es su opinión sobre bajar la edad de imputabilidad a los menores?
-Esto depende del Congreso, no del Poder Judicial. Respeto la división de poderes y dentro de ello, los jueces juzgan con las leyes vigentes. El Congreso es el que tiene que decidir cual es la edad de la imputabilidad, para eso son los representantes del pueblo en una democracia.

-¿Ud. cree que bajaría el índice de inseguridad?
-No puedo opinar porque es una evaluación de política legislativa.
De todos modos hay que dejar en claro que la inseguridad no depende solo del Poder Judicial, sino de la policía, de la infraestructura carcelaria y de un montón de elementos que dependen de los otros poderes. Los jueces tienen que juzgar los casos y no pueden simultáneamente juzgar todos. Por esta razón, hay que buscar políticas adecuadas y además procurar las relaciones institucionales entre poderes, porque la independencia de poderes no quita que tengan que existir políticas entre todos los poderes para encarar estos problemas.

-¿Qué opinión tiene del funcionamiento de la justicia en la Provincia de San Luis?
-Conozco poco. Lo que puedo observar es una justicia con un plan de acción. Es una corte renovada, hay bastante jueces. No se puede de un día para otro cambiar el mundo. Está  en plena implementación de un moderno plan informático para agilizar las causas. Y ahora está abriendo la mediación, que es una deuda pendiente de esta provincia, ya que era una de las pocas que no tenían un plan judicial de mediación.

-¿Cómo ve el proyecto de autarquía financiera del Poder Judicial?
-Todas las cortes del país aspiran a la autarquía financiera del Poder Judicial, pero aún no se ha logrado. Nosotros que somos corte nacional, tenemos un presupuesto que es la proporción del presupuesto oficial pero cuando necesitamos alguna partida en particular, necesitamos la firma del jefe de gabinete. En este momento hay un proyecto de aumentar el plantel judicial pero todavía no se ha elevado el proyecto al Congreso.

-¿Cuál es la función de la comisión de seguimiento de la independencia de la justicia?
-Esta comisión que integramos la Dra. Argibay y yo, junto a representantes de la Asociación de Magistrados Nacionales, de la Junta Federal de Cortes y de la Federación Argentina de la Magistratura, tomamos las denuncias de los jueces. No es una comisión que analice todos los aspectos de la independencia judicial. Puntualmente, nos avocamos al abordaje de aquellos jueces que traen su caso y de forma reservada, tratamos de resolver los problemas que los magistrados tienen en sus lugares.

Informe de prensa Nº 107                                                        San Luis, 7 de abril de 2009