En el acuerdo de este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con la Procuración General, emitieron una resolución a través de la cual señalaron que las críticas vertidas por las principales autoridades estatales a jueces y miembros del Ministerio Público afectan la independencia del Poder Judicial.
 
“Cuando la crítica proviene de otros altos niveles del Estado, no parece razonable que, al mismo tiempo que se la formula, se ignore que frente a cada decisión existen niveles de revisión y que el desempeño de los jueces y miembros del Ministerio Público está sujeto a la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o, en su caso, a la potestad disciplinaria en el seno del Poder Judicial. De tal manera, no puede recurrirse al estrépito mediático para eludir esos mecanismos sin afectar la independencia del Poder Judicial”, se señala en la resolución firmada por la totalidad de los ministros presentes: Juan Carlos Hitters, Luis E. Genoud, Hilda Kogan, Eduardo J. Pettigiani, Eduardo N. de Lazzari y Daniel Fernando Soria y la procuradora general, María del Carmen Falbo.

La resolución se dio a conocer en el marco de “las manifestaciones públicas que, desde diferentes ámbitos vinculan los factores de la inseguridad ciudadana al desempeño del Poder Judicial de la Provincia”, y en el entendimiento que la Suprema Corte debe adoptar y hacer pública su posición al respecto, en tanto representa al Poder Judicial, según la declaración.

Otras consideraciones

Dijo la Corte provincial, conjuntamente con la Procuradora General, lo siguiente:

- En el ejercicio de su trascendental misión de impartir justicia, los magistrados ajustan su desempeño a un sistema jurídico integrado por los tratados internacionales, las normas constitucionales, legales y reglamentarias.

- No es la Justicia la que ha sancionado dicho bloque normativo al que debe sujetar necesariamente su labor en un estado de derecho, como tampoco ha generado condiciones sociales de marginación, aún cuando no sean ellas el factor exclusivo de esta problemática. Las mismas corresponde que sean prevenidas por la actividad ejecutiva y educadora, a la vez que promotora de los gobernantes.

- Somos conscientes que nuestra labor no se encuentra exenta de yerros. Y es legítimo disentir con el sentido de algunos pronunciamientos, como actos públicos que son. Pero cuando la crítica proviene de otros altos niveles del Estado, no parece razonable que, al mismo tiempo que se la formula, se ignore que frente a cada decisión existen niveles de revisión y que el desempeño de los jueces y miembros del Ministerio Público está sujeto a la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o, en su caso, a la potestad disciplinaria en el seno del Poder Judicial. De tal manera, no puede recurrirse al estrépito mediático para eludir esos mecanismos sin afectar la independencia del Poder Judicial.

- En consecuencia, frente a las controversias y opiniones que las cuestiones vinculadas a la seguridad hoy suscitan debemos alejarnos de la superficialidad como forma de expresión, asumiendo profundamente en todos los niveles de la actividad estatal la preocupación legítima que ellas provocan en la población y la autocrítica necesaria para superar las falencias que, insitas en todo accionar humano, en ocasiones exhibimos los tres Poderes que coparticipamos en la vida política de la República, con madurez cívica y sin pretender sustraernos a la responsabilidad que nos exige.

- Un esfuerzo serio y decidido para promover el bienestar general, analizar exhaustivamente las trascendentes cuestiones sociales implicadas en las causas del delito, procurando superarlas, asignar con eficacia los recursos públicos y resguardar los derechos humanos, llevará consigo el ansiado mejoramiento de la seguridad ciudadana.

Homenaje a Raúl Alfonsín

En tanto, la Suprema Corte y la Procuración General de la provincia de Buenos Aires rindieron homenaje al ex Presidente de la Nación Raúl Ricardo Alfonsín, fallecido el pasado 31 de marzo, quien fuera el primer mandatario desde la restauración de la democracia producida en el año 1983.

Dicho homenaje se cumplió “con un minuto de silencio y serena recordación de su figura y reconocida trayectoria”, según se asentó en el acta respectiva a la que adhirieron el presidente y el vicepresidente del cuerpo, Juan Carlos Hitters y Luis E. Genoud, respectivamente, y los ministros Héctor Negri (decano), Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo de Lazzari y Daniel F. Soria; como así también la procuradora general, María del Carmen Falbo.