La titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9 de la Ciudad, Andrea Danas, dictó una medida precautelar ordenando al Gobierno de la Ciudad “la suspensión del otorgamiento de autorizaciones o permisos de demolición, reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva” para los inmuebles protegidos por la ley 2548.

La medida fue dictada en el marco de un amparo colectivo iniciado por la Asociación Civil Basta de Demoler, Fundación Ciudad y la Asociación Civil y Vecinal S.O.S. Caballito para una mejor calidad de Vida.

La resolución se sustenta en que el próximo 31 de diciembre finaliza la vigencia de la ley de “Promoción Especial de Protección Patrimonial” y aún no se ha aprobado en la Legislatura porteña ninguno de los proyectos de ley presentados para prorrogar su plazo.

La magistrada consideró que “la inminente expiración del sistema de protección de la ley 2548 podría acarrear una desmedida solicitud de pedidos de demolición de inmuebles con el objeto de construir nuevos edificios”. 

Asimismo, la jueza dispuso que la Legislatura de la Ciudad informe en un plazo de cinco días respecto del estado parlamentario de los proyectos de ley vinculados con la protección del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural porteño.