El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, requirió a los intendentes y autoridades municipales que informen mesualmente a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) “de aquellas empresas que de manera notoria y palmaria produzcan sus efectos contaminantes o supuestamente degradantes en la Cuenca Hídrica o en cualquiera de sus afluentes”.

El magistrado también reiteró una resolución de mayo del corriente año, en la cual exhortó a la ACUMAR y a las autoridades municipales a “intervenir sobre la habilitación de los establecimientos que se asienten en la cuenca hídrica, en lo concerniente a materia ambiental”.

La resolución también analizó la situación de las cooperativas de trabajo que realizan sus actividades en las cercanías del Riachuelo. En tal sentido, exhortó a la ACUMAR y a los responsables de los programas de reconversión industrial que “al momento de proveerles subsidios financieros y asistencia técnica, así como de la fiscalización de dichos establecimientos, de la admisibilidad del Programa de Reconversión Industrial y del control intermedio y final de metas del mismo, sin hacer distinción con otras industrias (que no estén constituidas como Cooperativas de Trabajo) que se encuentren en las mismas condiciones”.