El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó este martes la intervención judicial del servicio de agua potable y cloacas en el partido bonaerense de Marcos Paz y dispuso el traspaso inmediato de su prestación a Aguas Bonaerenses SA, desplazando al municipio de esa tarea.

La designación de un interventor administrador corresponde al titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y aquel funcionario tendrá a su cargo llevar a cabo el traspaso operativo en un plazo de 30 días, debiendo presentar al juzgado un informe semanal de su actuación y, oportunamente, la rendición de cuentas de su gestión.

Según la resolución, “el Municipio de Marcos Paz aún no ha concluido el traspaso desde la órbita Municipal hacia un prestador único (que resulta ser ABSA S.A.) oportunamente ordenado, por el cual se prevé universalizar los servicios de provisión de agua potable y el saneamiento cloacal en un acotado tiempo y con una calidad de prestación dentro de los parámetros legales vigentes; ello a pesar de lo expresado por ésta Judicatura durante la audiencia celebrada el pasado 22-06-11 en la sede de su Concejo Deliberante”.

“En virtud de lo expuesto, y para no dilatar aún más el efectivo y adecuado funcionamiento de la red de agua potable y el saneamiento cloacal, de manera uniforme a lo largo de toda la Cuenca Alta y Partido de Merlo, y a los fines de poner fin al calamitoso estado de situación que actualmente se constata en el área de dicho Partido, en lo relativo a la prestación del aludido servicio; corresponde a ésta Judicatura tomar medidas conducentes a esos fines, que concluye indispensable la adopción de una medida cautelar intervencionista por la cual se garantice la prestación inmediata de la totalidad del servicio antes apuntado, la cual quedará únicamente en cabeza de la Provincia de Buenos Aires a través de ABSA S.A., desplazando así al Municipio de Marcos Paz”, agrega.

Asimismo, el magistrado requirió a los integrantes del Concejo Deliberante de Marcos Paz que en cinco días informe al juzgado acerca de las medidas adoptadas y/o normas dictadas para solucionar las deficiencias existentes en la prestación del servicio de agua y cloaca en ese partido.

La decisión fue dictada en el marco de la ejecución de la sentencia de la Corte dictada en la causa “Mendoza”, donde el Máximo Tribunal ordenó la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de la cuenca Matanza Riachuelo.