La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó la validez de un allanamiento en el que se secuestraron prendas personales de una joven con el fin de compulsar su ADN y determinar el grado de relación biológica con un matrimonio desaparecido durante el último gobierno militar.

En ese marco, la Justicia también avaló la validez de las pruebas realizadas a la joven que arrojaron un 99,5% de compatibilidad del ADN con las personas desaparecidas.

La defensa letrada de la joven había requerido la nulidad del procedimiento al considerarlo "ilegal e inconstitucional porque importó el avasallamiento a los derechos de la supuesta damnificada en la causa y significó un vejámen" para la misma.

Los magistrados Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah no lo vieron de esa manera, sino que entendieron que "en modo alguno podía otorgársele un alcance tal al derecho de la supuesta víctima que implicase la anulación de los derechos de otros a conocer el destino de sus familiares
sustraídos", tal como resolvieron en el precedente "Prieto".

Así, sostuvieron los camaristas que "en relación con lo precedentemente referido por esta Sala, la medida que dispone -a través de los elementos personales secuestrados a la persona respecto de la que se pretende determinar sus lazos filiatorios- la extracción de muestras de ADN para realizar el mencionado estudio histocompatológico, no constituye un atentado contra la esfera de la intimidad susceptible per se de ser invalidada".