El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, dispuso este miércoles la excarcelación de un empresario que había sido detenido el día anterior acusado de violar la clausura de una fábrica ubicada en el partido bonaerense de Avellaneda, sanción que había sido dictada en el marco de la ejecución del fallo “Mendoza”, donde la Corte Suprema de Justicia ordenara la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de la cuenca Matanza Riachuelo.

La detención había sido ordenada tras un megaoperativo en donde el magistrado libró 38 órdenes de allanamiento sobre distintas empresas vinculadas al rubro curtiembres, procediendo a la apertura de las mismas conjuntamente con personal del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires -Superintendencia de la Zona Sur- y Policía Ecológica de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, informaron desde el juzgado.

El desarrollo de la medida y los preparativos se dieron en el asiento del Juzgado de Quilmes, a las órdenes del juez Armella, y el superintendente de la Zona Sur, juntamente con el jefe de Policía Ecológica y el coordinador de Fiscalización Industrial de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con directivas del presidente ejecutivo de ese organismo, Oscar Deina.

Los lugares allanados fueron curtiembres que no se pudieron someter al control de la ACUMAR, siendo que muchas de ellas no pudieron ser inspeccionadas por los fiscalizadores conforme no franqueron los ingresos, obstruyendo en algunos casos y en otros funcionando dichos locales en horarios nocturnos o fines de semana, tal cual denunciaran los vecinos con el objeto de escapar al control, indicaron desde el juzgado.

Asimismo, señalaron que se practicaron un total de 12 clausuras de locales que se advirtieron en funcionamiento y con serias irregularidades, pese que al llamado anterior de inspectores de ACUMAR no abrieron sus puertas. Se constató la existencia de vuelcos clandestinos, sobre los cuales se tomaron muestras, falta de documentación que acredite el funcionamiento de las plantas y variadas faltas administrativas que obstruyen el cumplimiento de la sentencia librada en el marco de la causa “Mendoza”, agregaron.

Por otro lado, informaron que el empresario, que había sido imputado en orden al delito previsto en el artículo 254 del Código Penal, que reprime al que “violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa”, es el encargado de la Cooperativa Manuel Neira, quien administra la curtiembre Curtidores Unidos Ltda. sobre la cual pesaba la sanción de clausura.