“La jerarquización de los tratados internacionales de derechos humanos”, en el marco de la reforma constitucional de 1994, ha generado un “cambio de paradigma en la política criminal del Estado, que ahora no puede sobrepasar determinados límites y  está obligado a tomar acciones positivas para adecuarse a los estándares internacionales” en la materia, afirmó este miércoles el doctor Juan Carlos Maqueda, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al dejar inaugurada en la Sala de Audiencias del Tribunal la jornada sobre “Derechos humanos y justicia penal en América Latina”.
 
Maqueda señaló que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha remarcado la importancia de la jurisprudencia de los organismos de protección de los derechos humanos, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en sus decisiones jurisdiccionales, como a través de sus opiniones consultivas en numerosos precedentes de todas las materias”.

El juez de la Corte  puntualizó que en el ámbito penal el Tribunal “ha considerado la jurisprudencia de la Corte Interamericana en cuestiones tales como: las condiciones carcelarias mínimas aceptables (Caso Verbitsky);  el control judicial de ejecución de la pena; los derechos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal; la defensa en juicio; el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas; la intromisión arbitraria y abusiva de los órganos estatales en investigaciones penales en desmedro de la intimidad de las personas (Caso Halabi) y fundamentalmente todo lo vinculado a la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos en delitos considerados de lesa humanidad (casos Hagelin, Arancibia Clavel, Simón y Mazzeo, entre otros)”.

El ministro Maqueda planteó que “debemos seguir por este camino con el fin de optimizar cuestiones esenciales, tales como el respeto del plazo razonable de los juicios penales, las condiciones de detención y de ejecución de la pena de prisión, entre otros puntos que hacen a un estado de derecho cuyo fin esencial es el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos”.

A su turno, el ministro Raúl Zaffaroni sostuvo   que “es necesario que todos los países de la región refuercen por todos los medios posibles el sistema interamericano de derechos humanos, muy especialmente frente al cuadro de situación internacional que estamos viviendo”.

Zaffaroni  dijo al respecto que “sería muy deseable” que Estados Unidos ratifique la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Consideró el ministro que en las últimas décadas “se pasó del estado de bienestar a un estado penal” y se refirió a una “creciente autonomización de las fuerzas policiales, que fue trayendo un mayor nivel de arbitrariedad en las decisiones” de estos organismos y las cúpulas, “dada la verticalidad” de las mismas.

Describió que a esa situación se suma el hecho de que “nos estamos quedando en América Latina sin códigos penales” y particularizó que, en nuestro país, “ahora sólo nos quedan restos y escombros” al referirse a los sucesivos cambios en  esa normativa.

Al cerrar la jornada, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, expresó que “el movimiento de derechos humanos comenzó en las calles y se trasladó a las leyes, a los parlamentos y a las constituciones” y que esa es la razón por la cual el Tribunal resolvió realizar esta jornada.

Lorenzetti manifestó que la sociedad está parada frente a un nuevo escenario con nuevos desafíos. “En tiempos de crisis –dijo- se vuelven a plantear problemas que creíamos ya superados”, relacionados con el autoritarismo, la exclusión y las soluciones extremas.

“Tolerancia, cooperación y activismo judicial, es lo que queremos que quede de esta reunión”, concluyó.

Las temáticas que se abordaron durante el encuentro fueron: “Las garantías penales sustantivas, procesales y ejecutivas, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” y “La reforma del proceso penal en América Latina”.

Sobre esos tópicos disertaron: Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD); Sergio García Ramírez, juez y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; y Luis Francisco Lozano, vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad  de Buenos Aires.

Estuvieron presentes, entre otros, la secretaria de Justicia, Marcela Losardo; el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino; y  el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro.