El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 retomará este lunes las audiencias en el juicio oral por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, que tiene al ex presidente Carlos Menem como uno de los 18 imputados.

Así, los jueces Horacio Artabe, Gustavo Losada y Luis Imas escucharán el alegato de la defensa de Carlos Núnez, un ex funcionario de Fabricaciones Militares.

El martes, será el turno de los abogados defensores de Haroldo Fusani y Edberto González de la Vega, ex funcionarios de Fabricaciones Militares.

El juicio se inició el 16 de octubre del 2008. Declararon 383 testigos, muchos de ellos a través de videoconferencias desde distintos lugares del país y del mundo, como Ecuador, Perú, República Checa y Austria.

Las penas solicitadas

Durante su alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó las siguientes penas para los acusados:

Carlos Menem (ex presidente): 8 años de prisión
Diego Palleros (vendedor de armas): 8 años de prisión
Emir Yoma (ex asesor presidencial): 7 años de prisión
Oscar Camilión (ex ministro de Defensa): 7 años de prisión
Luis Sarlenga (ex interventor de Fabricaciones Militares), Carlos Núñez, Edberto González de la Vega y Carlos Franke (ex funcionarios de Fabricaciones militares): 6 años de prisión
Manuel Cornejo Torino, Haroldo Fusari (ex funcionarios de FM): 5 años y medio de prisión
Julio Sabra (ex gerente de FM), Teresa Irañeta de Canterito (ex jefa de abastecimiento) y Jorge Cornejo Torino (ex director Fábrica Militar de Río Tercero): 5 años de prisión
Antonio Vicario (ex gerente de FM): 4 años y medio de prisión
Enrique de la Torre (ex director de seguridad Internacional de Cancillería) y Mauricio Musí (ex director de coordinación empresaria de Cancillería): 4 años de prisión
Juan Paulik (ex jefe de la Fuerza Aérea): 3 años de prisión en suspenso
María Teresa Cueto (ex verificadora de Aduanas): absolución

En tanto, la querella encabezada por la Aduana solicitó en su alegato la pena de cinco años de prisión para Menem, Camilión y Palleros.

Por otro lado, pidió cuatro años para Yoma, Paulik y de la Torre.

La Aduana sólo estaba en condiciones de acusar a seis de los 18 imputados, dado que sólo por ellos requirió la elevación a juicio oral durante la instrucción de la causa.