El presidente de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Mario Filozof, cuestionó el informe anual elaborado a fines de 2009 por la Procuración Penitenciara de la Nación, en donde se hace referencia a la responsabilidad del Poder Judicial en la Defensa de los Derechos Humanos.

Según una nota enviada a la Presidencia del tribunal por parte del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, en aquel documento, referido a que “la violación de los Derechos Humanos puede ser cometida por cualquier autoridad estatal”, se indica que “en nuestro país existen situaciones limitantes al principio de inocencia y el derecho a la libertad personal debido al no ejercicio de control alguno por parte de los organismos judiciales”.

Agrega además que “el comité contra la Tortura de Naciones Unidas efectuó un examen del caso argentino y refiriéndose a las actuaciones de los tribunales, como conjunto, señaló… la ‘práctica reiterada por parte de los funcionarios judiciales de realizar una calificación errónea de los hechos, asimilando el delito de tortura a tipos penales de menor gravedad (por ejemplo apremios ilegales), sancionados con penas inferiores, cuando en realidad merecerían la calificación de tortura’”.

En tanto, señala que “quienes hayan transitado la carrera judicial en la justicia de instrucción de la Capital Federal, por ejemplo, pueden dar testimonio del hecho por todos conocido de que este tipo de casos (especialmente cuando los autores fueron policías federales) son ‘llevados’ por ‘el pinche’; acaso en los ratos libres que le queden luego de atender la mesa de entradas, distribuir expedientes y desarrollar otras tareas menores, aunque sean más importantes para el juzgado que cualquier causa de apremios”.

Frente a ello, Filozof dijo que “más allá de las consideraciones efectuadas en el mismo que se ponderan y se receptan para que este Fuero pueda hacer lo necesario en pos de mejorar el sistema no pasa por alto la aseveración genérica respecto de los Jueces de Instrucción a quienes cuestiona señalando que son ‘los pinches’ ‘en sus tiempos libres’ quienes se ocupan de tramitar las causas en las que están imputados funcionarios policiales”.

“En primer lugar se trata de una afirmación genérica, que como tal es estigmatizante y por cierto errada. A esta Cámara le consta la preocupación y vocación de servicio de la enorme mayoría de los Jueces y funcionarios que integran el Fuero”, aseguró.

Resaltó que “no es menos cierto que la verdad a medias es la peor mentira. Las afirmaciones así efectuadas, entre otras contiene gravísimos errores conceptuales que demuestran al menos un enorme desconocimiento del trámite de los sumarios judiciales… Lo más grave es que cuestionar la honestidad intelectual de los Sres. Jueces de Instrucción, o el valor moral de las resoluciones conspira contra la democracia y el sistema republicano de gobierno, más aún cuando no responde a la realidad”.

“Los Seres. Jueces son la última defensa de los ciudadanos para proteger sus derechos y este tipo de cuestionamientos injustos, cuanto menos por su generalidad, no son compartidos por quien ejerce el gobierno de la jurisdicción y no deben pasar por alto si se pretende hablar con sinceridad”, advirtió.

En ese marco, el titular de la Cámara Nacional en lo Criminal dijo que “desde el rol de mandatario a cargo de la Superintendencia se invita al Sr. Procurador Penitenciario a proporcionar casos concretos y en su caso aportar las pruebas que posea, pues de no contar con ello los Sres. Jueces de Instrucción merecen una disculpa de su parte”.