María Gómez Alonso de Díaz Cordero, presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, se pronunció a favor de la creación de un “mapa judicial interactivo”, que irá informando la cantidad de causas que se encuentran en trámite en las distintas jurisdicciones del país y el grado de complejidad de cada una, con el objetivo de ser utilizado a la hora de decidir la apertura de nuevos juzgados.

“Con el armado y seguimiento diario del Mapa Judicial estaremos contribuyendo a que en la justicia nacional y federal haya un reparto más equitativo de funciones y no haya sobrecargas en algunos lugares y falta de trabajo en otros”, explicó la magistrada al presentar el proyecto que surgió de la Junta de Presidentes de Cámara Nacionales y Federales, asociación que preside.

“Muchas veces las necesidades de crear un nuevo juzgado no son estudiadas debidamente, porque a lo mejor antes que crear un nuevo juzgado en un lugar donde no hay ningún asiento es mejor crear un segundo juzgado en otro sitio en donde ya está armado todo el sistema. Por eso creemos necesario elaborar el Mapa Judicial”, indicó la jueza.

En ese contexto, destacó que los jueces “debemos imaginar ideas y soluciones para que se realice la justicia a favor de la sociedad y del bien común”.

Fondo estructural

Otro de los proyectos que surgió tras la Cuarta Conferencia Nacional de Jueces es el de la creación de un “Fondo estructural”, que fue presentado por Rubén Lobos, vicepresidente segundo de la Federación Argentina de la Magistratura.

Según el juez santacruceño,  “hay lugares en donde hay una incapacidad estructural de garantizar lo que nos pide el Pacto de San José de Costa Rica: acceso a la justicia y resolución de las causas en un plazo razonable por un juez independiente e imparcial”.

“Por eso, desde la Federación Argentina de la Magistratura hemos planteado la creación de un fondo estructural para el desarrollo armónico de la justicia en la Argentina”, indicó.

“Ese fondo estará disponible para que aquellas provincias que estén por debajo del estándar mínimo puedan acceder a un financiamiento que sea respetuoso de las autonomías provinciales”, explicó el magistrado.

Para acceder al fondo, “deberán plantearse proyectos concretos y ejecutables, que serán monitoreados y tendrán la posibilidad de ser suspendidos si no se cumplen los plazos previstos”, detalló.

“Creemos que de esta forma en un tiempo razonable podemos llegar a cubrir los estándares mínimos que necesitamos para responder a esta obligación del Estado Nacional”, concluyó Lobos.

A su turno, Héctor Negri, miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se refirió a los proyectos de reforma que se dieron en su provincia para lograr una mejora en el acceso a justicia y en los tiempos de los procesos.