En la causa en la que se investiga a obras sociales de Camioneros por una supuesta defraudación en el financiamiento de tratamientos, la Sala II de la Cámara Federal porteña rechazó el planteo de la defensa de Hugo Moyano para que se invalidaran una serie de medidas de prueba que habían sido ordenadas por el juez que entiende en la causa, Claudio Bonadio.

La defensa alegó que el fiscal del caso no había sido notificado de aquellas medidas ni avisado del curso que se le dio a la pesquisa.

Según el tribunal, “las constancias de la causa revelan que en dichas ocasiones el fiscal avaló la orientación otorgada a la instrucción –enfocada en ciertas derivaciones de los eventos inicialmente señalados en su requerimiento- sin objetar ninguna de las diligencias y actos producidos. Eso es suficiente para descartar el agravio de la defensa sobre el punto pues se advierte una actividad persecutoria por parte de la Fiscalía siendo que ésta ha tenido noticias de lo actuado desde su inicio contando con la posibilidad de manifestar su oposición al progreso casuídico o de convalidarlo expresa o tácitamente”.