La defensa del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, insiste con su pedido para que se anule parte del proceso en el que se investiga a las obras sociales de los Camioneros por defraudación en el financiamiento de tratamientos.

Fue durante una audiencia en el marco de la apelación presentada contra el fallo del juez federal Claudio Bonadio que, el pasado 4 de junio, no hiciera lugar a un pedido del titular de la Central Obrera para que se declare la nulidad de parte de la investigación.

En la presentación, los abogados de Moyano argumentan que “la existencia de una causa penal constituye una carga psíquica difícil de sobrellevar, extremo que se agudiza cuando el imputado es una persona pública –titular de la C.G.T., en este caso- se ve expuesta a la exposición mediática en forma permanente y reiterada, en desmedro de su trayectoria. Si a este extremo se añade una actividad jurisdiccional que transita durante años y años, en un proceso ‘ad hoc’, y en el que las partes resultan desconocidas o vulneradas, sin sometimiento a las reglas legales y constitucionales vigentes, el perjuicio se visualiza con mayor nitidez”.

La causa se había originado a partir de una denuncia realizada en el año 2006 por un dirigente de la UOCRA. Bonadio analiza si hubo defraudación con los tratamientos y medicamentos que son financiados con fondos que administra la Administración de Prestaciones Especiales (APE), del Ministerio de la Salud, y en donde estarían vinculadas droguerías que también son investigadas por el juez Norberto Oyarbide, en la megacausa por los medicamentos adulterados.