La Sala IV de la Cámara de Casación Penal hizo lugar a la recusación del juez Ricardo Sanjuán y lo apartó del tribunal oral que juzgará a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi, entre otros imputados, por delitos de lesa humanidad cometidos en Santiago del Estero.

El pedido de recusación lo había presentado las defensas de los imputados y había sido rechazado por los otros integrantes del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero. Esa decisión fue recurrida.

Los imputados esgrimieron “temor de parcialidad”, al indicar que Sanjuán se había excusado de intervenir en todas las causas anteriores sobre delitos de lesa humanidad, alegando “violencia moral”.

Efectivamente, en anteriores excusaciones, Sanjuán había reconocido haber sido perseguido por las autoridades militares de la época de facto, por ser militante peronista y miembro del Centro Único de Derecho de la Facultad. Además, confesó que dos tíos suyos también habían sido perseguidos. Como funcionario público, el actual juez fue el autor de la Ley de Creación de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos.

“Tales hechos, por lo dolorosos, mellaron mi ánimo. Me quitaron la serenidad espiritual necesaria para poder actuar como Juez de la Nación en las causas de referencia, con la debida ecuanimidad”, había expresado el magistrado en anteriores oportunidades.

Ante esta situación, los integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación citaron el fallo “Dieser” de la Corte Suprema de Justicia, al indicar que “lo decisivo es establecer, si desde el punto de vista de las circunstancias externas (objetivas), existen elementos que autoricen a abrigar dudas con relación a la imparcialidad con que debe desempeñarse el juez con independencia de qué es lo que pensaba en el fuero interno”.

“Debe pesar en la decisión a tomar que el doctor Sanjuán manifestó (…) haber sido víctima de persecución política en la época de los hecho, que sus dos tíos y primos fueron secuestrados y torturados en la provincia de Tucumán y que como Secretario de Estado promovió juicios contra Menéndez y Bussi, dos de los imputados en la presente causa”, expresaron los camaristas.

En base a esos dichos del propio juez y con apoyo en la doctrina del fallo “Llerena” de la Corte Suprema, los magistrados concluyeron en que “lo expuesto nos lleva a tener por acreditadas las circunstancias externas que pueden generar un razonable temor de parcialidad”.

En el juicio, en el cual ahora se deberá completar el tribunal con otro juez, se investiga el presunto homicidio de Cecilio Kamenetzky mientras estaba secuestrado en un centro de detención que funcionaba bajo la órbita de Antonio Musa Azar. Además, y por su responsabilidad en la cadena de mandos, se encuentran imputados Videla, Menéndez y Bussi, entre otros.