Un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación muestra cuáles son las principales dificultades de contexto e infraestructura existentes en la etapa de instrucción para lograr una rápida elevación a juicio de las causas por violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el último gobierno de facto.

También, a través de aquella publicación, detalla los juicios que se llevaron adelante y en los que se ha dictado sentencia y los casos que están radicados en los tribunales orales.

El estudio se dio a conocer este lunes, en momentos en que el Máximo Tribunal nacional informó que seguirá de cerca los juicios, decisión adoptada mediante una acordada, a partir de la creación de una Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, un organismo especial que tendrá la facultad de requerir informes a los magistrados sobre la evolución de esos procesos.

La Corte aclaró que el Poder Judicial argentino lleva adelante la mayor investigación desarrollada en el mundo sobre delitos de lesa humanidad. “En nuestro país se abrió una investigación exclusivamente a través del poder judicial, sin una legislación previa que organice o delimite la investigación o establezca pautas, sin la creación de tribunales con competencia especifica, sin un procedimiento adecuado para estas megacausas y con una enorme amplitud en la investigación”, dice el informe.

Y agrega: “No es lo habitual, ya que en muchos países se restringió la investigación a algunos casos, o se hizo a través de organismos especiales que luego sometieron a la justicia solamente el dictado de la sentencia, o bien se crearon tribunales específicos, todo lo cual permite una rápida y mejor resolución. A ello hay que agregar que el Poder Judicial ya estaba saturado por el nivel de litigiosidad existente, hay una insuficiencia de jueces, cargos vacantes, falta de edificios adecuados, falta de tecnología, de informatización, de salas de audiencias