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    Diálogo, participación y consenso, ejes de las conferencias de jueces

    Más de 500 jueces de todo el país se reunieron en Córdoba el 18 y 19 de septiembre para consolidar las políticas de estado fijadas en las dos conferencias anteriores y avanzar en nuevas estrategias destinadas a mejorar el servicio de justicia
    Diálogo, participación y consenso, ejes de las conferencias de jueces

    Se profundiza la participación de los magistrados en las conferencias nacionales de jueces, un novedoso espacio de interacción que permite a los jueces diseñar, consolidar y poner en práctica políticas de estado destinadas a mejorar el servicio de justicia. 

    Tal como sucedió en las ediciones anteriores, que se llevaron a cabo en Santa Fe (en el año 2006) y en Salta (en el año 2007), esta vez, más de 500 magistrados de todo el país se reunieron en Córdoba para debatir sobre "Fundamentos Institucionales de la Independencia del Poder Judicial".

    Al inaugurar la conferencia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti,  afirmó que “los procesos de selección de jueces deben ser transparentes, con participación ciudadana y sobre todo rápidos”, al tiempo que subrayó que “hay una desnaturalización de lo que es razonable” en lo referente a la acusación de magistrados, porque lo que “debería ser excepcional se ha vuelto algo cotidiano”.

     El acto de apertura que convocó a más de 500 magistrados de la justicia nacional, federal y provincial, se desarrolló en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia de la ciudad de Córdoba, donde Lorenzetti estuvo acompañado por la vicepresidenta del Tribunal, doctora Elena Highton de Nolasco, y los ministros Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.

    Estuvieron presentes y disertaron el gobernador de la provincia anfitriona, contador Juan Schiaretti; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Córdoba, doctor Armando Andruet; y los titulares de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Federación Argentina de la Magistratura, doctores Ricardo Recondo, Rafael Gutiérrez y Abel Fleming, respectivamente.

     

    También participaron del acto la Secretaria de Justicia de la Nación, doctora Marcela Losardo; el integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, doctor Luis Cabral; y el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, doctor Luis Rueda.

     

    En tanto, del acto de cierre participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Ricardo Lorenzetti, la ministra del Tribunal Carmen Argibay, y los presidentes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Junta Federal de Cortes de Superiores Tribunales de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Federación Argentina de la Magistratura, Ricardo Recondo, Rafael GutiérrezAbel Fleming, respectivamente.

    Estas son algunas de las conclusiones relevantes de la conferencia:

    • La selección de los jueces debe estar a cargo de órganos que permitan garantizar la independencia del poder judicial. Para tales fines deben tener autonomía funcional de los poderes políticos y una composición equilibrada. 
    • Los ciudadanos tienen derecho a ser juzgados por jueces de la Constitución, y son inconvenientes las demoras, las designaciones temporarias y otras fórmulas anómalas. 
    • Los jueces sólo pueden ser destituidos por las causales taxativamente previstas en la ley, mediante el proceso de enjuiciamiento de su conducta, con garantías amplias para su defensa en juicio. 
    • Todos los ciudadanos tienen derecho a un proceso en un tiempo razonable para que se decida sobre su honra e imagen pública. Por esta razón, en el caso de los jueces, deben fijarse reglas para desestimar inmediatamente las denuncias notoriamente infundadas, o las que persigan fines de revisión de sentencias, o maliciosas. Debería existir un plazo breve de caducidad que impida que la acumulación de denuncias sin resolución pueda ser utilizada como elemento de presión o para afectar su imparcialidad.
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