Tras la decisión de la Camara de Casación Penal de ordenar la liberación de una decena de imputados en causas de lesa humanidad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, aseguró que el Maximo Tribunal comenzará a monitorear las causas donde se investigan derechos humanos.

En declaraciones al diario La Nación, Lorenzetti anticipó que el Alto Tribunal prepara una acordada para agilizar los procesos. Tambien pidió la colaboración de los demás poderes del Estado.

"Nadie puede dudar de que los tres poderes tienen una política clara en favor de castigar las violaciones de los derechos humanos y la justicia rápida es una política de Estado. Por eso, si hay problema con la duración de los juicios, no importa determinar si la culpa la tiene la Justicia, el Congreso o el Ejecutivo. Hay que dialogar con los otros poderes para buscar soluciones", aseguró Lorenzetti.

En ese sentido, sostuvo que la Corte está preparando una acordada. "Algunas soluciones las puede hacer la Justicia. Por ejemplo, hay que digitalizar las causas, porque son muy voluminosas. Pero expedientes distintos, con problemas distintos, merecen soluciones distintas. La gente no quiere conflictos, sino respuestas", explicó.

En ese marco, justificó la decisión de monitorear el desarrollo de las causas, "no para avasallar la independencia de los jueces, sino para ver qué problemas se van presentando. Por ejemplo, es natural que cada parte querellante quiera tener voz a la hora de impulsar el proceso, pero sería conveniente que unificaran representación procesal".

Tambien se refirió a la actuación coordinada de los poderes del Estado. "El Congreso está haciendo cosas positivas, pero sería conveniente que creara más tribunales orales. Y, por su lado, el Consejo de la Magistratura debe terminar de cubrir algunas vacantes judiciales. Hay muchos tribunales donde directamente no hay jueces o donde los magistrados son subrogantes y no quieren inmiscuirse en trámites tan farragosos".

En cuanto al rol de la Corte explicó que "impulsa desde hace meses un proyecto para que se dicte una ley para abreviar los trámites de las causas no sólo de derechos humanos, sino también de todos los expedientes complejos, al estilo del de Cromagnon, donde hay muchos testigos, imputados, víctimas y recursos".

"El año último, el Congreso dictó una reforma procesal que avanzaba en la dirección de agilizar las causas judiciales y estableció la oralidad de los recursos judiciales. La reforma es buena, pero muy amplia, y los tribunales, con escasos recursos, quedarían ahogados de trabajo. Por eso, proponemos que ese trámite oral se aplique para los delitos más graves, con penas superiores a nueve años. Le enviamos al Ministerio de Justicia un proyecto".

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