Por resolución de fecha 11 de julio de 2018, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal otorgó legitimación como parte querellante a la Unidad de Información Financiera (U.I.F) en el marco de la causa en la que se investiga el pago de presuntos sobornos y otros delitos por parte de funcionarios e integrantes de las empresas Odebrecht, IECSA y otras.
Contra dicho pronunciamiento la defensa de José Francisco López Pizarro interpuso recurso extraordinario, cuya denegación motivó la queja que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó con el voto de los ministros Rosenkrantz, Lorenzetti y Rosatti, al considerar que aquel no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14, ley 48).