La Sala I de la Cámara Federal porteña  consideró extinguida la acción penal por prescripción y, en consecuencia, sobreseyó a cuatro ex funcionarios acusados de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” en la privatización de Gas del Estado, durante el gobierno de Carlos Menem.

Se trata de Carlos Bastos (ex miembro del Comité de Privatización de Gas del Estado y ex ministro de infraestructura de la Alianza), Raúl García (ex presidente del Enargas), Miguel Ángel Marizza (ex subinterventor de Gas del Estado) y Patricio Perkins (ex miembro del Comité de Privatización de Gas del Estado).

Para los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, la pena en abstracto del delito que se les imputaba era de seis años como máximo. Si se empezaba a contabilizar el plazo de prescripción desde 1998, cuando Raúl García abandonó la función pública, hasta el año 2005, en donde el juez Sergio Torres los citó a indagatoria, se había superado el plazo admitido por la ley y, por ende, la acción penal ya se encontraba prescripta.

El camarista Eduardo Freiler, en cambio, consideró posible investigar a los acusados por el delito de asociación ilícita, que contempla una pena máxima de diez años, lo que llevaría a que la acción penal –en ese caso- se encuentre todavía vigente. Por voto de mayoría, los cuatro imputados fueron sobreseidos.