En el marco de la demanda interpuesta por la provincia de Santa Fe contra el Estado nacional por los fondos coparticipables, se realizó en el Palacio de Justicia la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para escuchar las posiciones de las partes. 

En representación de la provincia de Santa Fe expuso el gobernador Hermes Binner. En tanto, aunque había sido citado, no concurrió el ministro de Economía Amado Boudou y en su lugar explicaron la posición del Estado nacional  la subsecretaria de Relaciones con las Provincias, Nora Fracarolli, y el subsecretario del Area Legal de Economía, Horacio Diez.

Según Binner, “en la provincia tenemos una situación de inequidad que va creciendo. Hoy los cordones de las grandes ciudades de Santa Fe tienen bolsones de pobreza extraordinarios. Hay pérdida del trabajo seguro y mucha marginalidad. Hay una provincia rica y otra pobre. La cuestión social pasa a tener una importancia fundamental”, remarcó.

Y en ese sentido, agregó: “Tenemos una situación en la cual el Gobierno provincial no está en condiciones de pagarle a los docentes lo que indica la paritaria nacional, porque tiene una exacción nacional impositiva que achica enormemente la posibilidad de una detracción en la provincia. No podemos olvidarnos que vivimos en un país federal, y que si hay acuerdos hay que respetarlos”.

En la causa, Santa Fe plantea la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078, que prorrogó, sin acuerdo previo de las provincias, la detracción del 15% de la masa coparticipable con destino a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), establecido originalmente por tiempo limitado en el Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992, suscripto entre el Gobierno nacional y las provincias, ratificado por la ley federal Nº 24.130 y por la ley de la provincia de Santa Fe N° 10.955.

El uso de los fondos

Acerca del uso de los fondos en debate, Fracarolli aseguró que “actualmente estas partidas son utilizadas sólo para pagar gastos relativos a la seguridad social. Debemos recordar que el Presupuesto 2009 estaba planteado con superávit fiscal, pero ahora, con la asignación de nuevas funciones a la ANSES, que debe hacerse cargo del incremento en las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo, este 15 por ciento permite llegar al equilibrio fiscal”.

Por otro lado, Jorge Barraguirre, fiscal de Estado del Gobierno de Santa Fe, aseuró: "El argumento de la Nación es inconsistente porque señala que en el año 2006 estaban prorrogando el cumplimiento de obligaciones previsionales, y la asignación universal por hijo no tiene nada que ver con el pago de una jubilación.  Puede cumplir con un bien social, pero esto no estaba dentro del espíritu de la ley 24.130, que responde al problema de cómo se pagan las jubilaciones en Argentina, y no sobre cómo establecer un seguro universal para proteger la niñez, que requiere otro pacto federal".

En tanto, Santa Fe pretende también que se declare la plena coparticipación de esos fondos en los términos y porcentajes que a la provincia le asigna la ley-convenio vigente, N° 23.548, por imperio del art. 75, incs. 2 y 3, y Disposición Transitoria Sexta, de la Constitución Nacional, así como también que se ordene, consecuentemente, la restitución o reintegro de todos y cada uno de los fondos detraídos por ese concepto desde la expiración de los Compromisos Federales entre la Nación y las Provincias (31 de diciembre de 2005), hasta la fecha de efectivo pago.

En ese marco, los representantes del Estado nacional aseguraron que el acuerdo celebrado en el año 2000 señala que "las provincias aceptan la continuidad en la distribución de las asignaciones de impuestos entre la Nación y las provincias".

Y aseguraron que "el Estado nacional necesita de este 15 por ciento, y que si eventualmente prospera la medida cautelar solicitada por la provincia llegarían otros pedidos similares a la Corte y ello puede llevar a una situación de default del sistema previsional nacional".