El Poder Judicial de San Luis está inmerso desde 2008 en un proceso de informatización integral del servicio de justicia que tiene como objetivo final lograr el expediente digital, y la paulatina “despapelización” total de los trámites judiciales.

Ana María Boeiro, titular de la Secretaria Informática dependiente del Superior Tribunal de la provincia, explicó que este sistema “involucra a la totalidad del Poder Judicial de San Luis, ya que se informatizaron todos los fueros y todos los juzgados, cámaras y el Superior Tribunal. Así, todos los movimientos de los expedientes que genera la Justicia están digitalizados”.

En ese marco, Boeiro adelantó que “a partir de marzo de 2010 comienza la última etapa, que ya ha sido probada, y que significará la incorporación de la firma digital en el expediente electrónico”.

El uso de la tecnología

En relación con los cambios observados tras la implementación del nuevo sistema, Boeiro aseguró que “se redujo sensiblemente la concurrencia del público a los estrados judiciales. El profesional que antes debía concurrir para ver si su expediente salió a despacho diario, luego copiar a mano el proveído, volver a su estudio, redactar el escrito y volver a tribunales para presentarlo, ahora llega a tribunales con el expediente listo por haber consultado todo vía web”.

Sobre la utilización de la tecnología para el servicio de justicia, la titular de la Secretaria Informática afirmó que “tiene dos ventajas fundamentales: la transparencia de los actos judiciales, que es un beneficio para el destinatario final, es decir el ciudadano involucrado en una causa judicial, y la reducción de los tiempos de los procesos. Está comprobado que en todo el sistema de notificaciones se pierde alrededor de un 40 por ciento del tiempo que dura un juicio. El cambio de la cédula tradicional, que lleva a veces uno o dos meses de trámite, a través de la notificación electrónica reduce los tiempos a un proceso de minutos o segundos”.

Un cambio cultural

Para lograr la despapelización total del Poder Judicial, Boeiro remarcó que “hace falta que se den una serie de circunstancias: tener la tecnología necesaria y un respaldo normativo que acompañe ese cambio tecnológico. Para lograr estas dos cosas hay que contar con la voluntad de los poderes públicos para la financiación. Pero luego de todo esto falta lo más difícil: la voluntad social de los actores que se tienen que involucrar, algo que implica un cambio de mentalidad muy fuerte”.

En esa línea, agregó que “hay que ser prudentes y lograr convencer al abogado, al perito, al juez y a la parte de las ventajas de este sistema. Pero estamos convencidos de que la tecnología va a cambiar radicalmente el proceso judicial tradicional”.