La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa, por segunda vez, hizo lugar al recurso de la parte querellante contra la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones y ordenó celeridad en la investigación.

De esta manera, anuló la decisión que había rechazado el planteo de nulidad contra el sobreseimiento del imputado Alejandro F. Reynal, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina en aquel entonces.

En esta oportunidad, la jueza Ledesma remarcó que “el postulado a partir del cual la Cámara de Apelaciones pretende sellar la investigación como una hipótesis que no encuadraría en la categoría de delitos de lesa humanidad, resulta evidentemente arbitrario. Ello, pues la decisión se basa en la supuesta inexistencia de un ‘plan sistemático contra empresarios judíos’, tergiversando de esta forma la acusación articulada por el querellante y omitiendo tratar los extremos allí ventilados”.

El juez Slokar destacó, enfáticamente, que “las presentes actuaciones se encuentran en trámite desde el 17 de febrero de 2009, sin que a la fecha exista un temperamento respecto de la cuestión debatida”.

Por último, la jueza Figueroa subrayó que “en causas donde se juzgan delitos calificados como de lesa humanidad existe la inderogable obligación del estado argentino de investigar los hechos, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, y de esta manera garantizar el derecho a la verdad de las víctimas”.

En virtud de ello y en razón del tiempo transcurrido, concluyeron los tres magistrados que correspondía “remitir las actuaciones al juzgado de origen a fin de que sin incurrir en mayores dilaciones se continúe con celeridad en la sustanciación de la causa”.

La querella pretende la prosecución de la investigación de los hechos denunciados por Eduardo Ezra Saiegh, quien habría sido secuestrado en el año 1980 por funcionarios de la División Bancos de la Policía Federal Argentina (dependiente del BCRA), y torturado para que “confesara delitos inexistentes” en el “Banco Latinoamericano” del que era directivo, con el objetivo de desapoderarlo de aquél y obtener el paquete accionario de la empresa “Austral” Líneas Aéreas, en el marco del proceso de estatización llevado a cabo en ese año.

Entre los imputados, originalmente, se encontraban el exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, Alejandro F. Reynal, su hermano William Reynal y Guillermo Walter Klein, entre otros.

Informe: Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal