Esta semana se realizó una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, a fin de encontrar una solución al tráfico y consumo de estupefacientes en las penitenciarías de esa provincia. Al encuentro asistieron, además de jueces del Máximo Tribunal, funcionarios del Poder Ejecutivo local, quienes celebraron la convocatoria del alto cuerpo judicial.

Estuvieron presentes Antonio Estofán y Antonio Gandur, presidente y vocal de la Corte de Tucumán, respectivamente; Luis De Mitri, ministro fiscal del Poder Judicial; Alberto Piedrabuena, presidente de la Cámara Penal; Eduardo Di Lella, titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la provincia; Oscar Mirkinl, secretario de Obras Públicas Provincial; Alfredo Miroli, secretario de Prevención y Asistencia a las Adiciones; Fabián Salvatore, director general de Drogas Peligrosas de la Provincia; Roberto Guyot, director general del Penal de Villa Urquiza, y los directores de cuerpos auxiliares del Poder Judicial María José Gandur (Peritos Médicos Oficiales), Horacio Jiménez (Peritos Médicos Forenses) y Lilia Rodríguez (Gabinete Psicosocial).

En la reunión, Eduardo Di Lella expuso sobre la actividad que viene realizando el Ejecutivo en la penitenciaría de Villa Urquiza, tendiente a erradicar el problema de la drogadicción “intramuros”.

En ese sentido, el funcionario aclaró que desde comienzos de este año rige un reglamento amplio que trata del trabajo para los internos, estrategias para controlar el ingreso de estupefacientes y un régimen de visitas a las celdas con intervención no sólo del personal policial sino también acompañadas por médicos de la institución.

Agregó que en la actualidad cerca de 400 internos que trabajan dentro del complejo y que hay un convenio con la Facultad de Educación Física para atender las necesidades deportivas de los internos, planificadas visitas  de equipos de fútbol, como Atlético de Tucumán y San Martín. Todo con la finalidad de evitar el ocio en los internos que genera el campo ideal para la adicción a las drogas, señaló.

Indicó que en el reglamento sobresale un capítulo destinado a los "canes". En ese sentido, dijo que se están adiestrando perros para detectar la existencia de drogas prohibidas, pero es un proceso que lleva más de un año, por lo que aún no están en actividad.

También expuso Alfredo Miroli, quien propuso un proceso de rehabilitación en varias etapas, comenzando por generar la motivación en el adicto hasta llegar a su adhesión al plan mediante el pertinente análisis de orina y el posterior tratamiento.

Para ello, remarcó que haría falta la habilitación de dependencias exclusivas para estos internos, separados de aquellos que no mostraron interés en la rehabilitación. Aclaró que este proceso llevará un tiempo “más o menos” prolongado, dependiendo de la respuesta que se obtenga de los internos.

En este punto, se entendió que el Poder Judicial puede colaborar logrando normas que permitan el análisis de orina a los ingresantes al penal, de manera que se pueda partir de una clara determinación de quiénes son adictos “extramuros”.

Por otra parte, la Secretaría de Obras Públicas provincial propuso iniciar gestiones en el orden nacional para lograr la construcción de una nueva penitenciaria, fuera del ejido municipal.

Las partes resolvieron intensificar las tareas que lleva a cabo el Poder Ejecutivo, promover el proyecto de Miroli y buscar la normativa necesaria que apoye ese plan. Asimismo, se acordó el envío mutuo de la información sobre los avances, hasta una próxima reunión.

Cabe aclarar que el encuentro fue convocado por la Corte, luego de un informe realizado por la sala II de la Cámara Penal sobre el consumo de sustancias ilegales en la localidad de Villa Urquiza.