El auto de procesamiento por defraudación en perjuicio de la administración pública alcanzó al ex presidente de AySA, Carlos Humberto Ben, a Raúl Oscar Biancuzzo (ex Director de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico de AySA), a Carlos María Donnoli (ex Director de Planificación de AySA), a Antonio Caucion (ex Director de Obras de AySA) y a Carlos Di Somma (ex Gerente de Licitaciones y Contratos de la Dirección de Obra de AySA).

Por parte de los privados, también –en calidad de partícipes- a los empresarios Aldo Roggio (presidente de Benito Roggio e Hijos SA), Carlos Wagner (presidente de Esuco SA), Tito Biagini (ex presidente de José Cartellone e Hijos SA) y a quienes actuaron  en los procesos de licitación como apoderados y representantes legales. En total 19 imputados fueron procesados.

Se dispusieron embargos de hasta de 790 millones de pesos. Para hacerlos efectivos se ordenaron tasaciones sobre los inmuebles declarados ante la AFIP. A las empresas involucradas se les prohibió alterar su estatus jurídico, de modo que no se puedan transferir paquetes accionarios, escisiones, fusiones, etc.

En el pronunciamiento se tuvo por acreditado que las contrataciones de la planta potabilizadora de agua de Paraná de las Palmas (ubicada en el partido de Tigre) y de la planta de pretratamiento de residuos cloacales de Berazategui estuvieron direccionadas para que resultasen adjudicatarias: en la primera, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Constructora Norberto Odebrecht, Sucursal Argentina SA, Benito Roggio e Hijos SA, Jose Cartellone e hijos SA y Supercemento SA; en la segunda, la UTE conformada por Construçoes y Comercio Camargo Correa, Sucursal Argentina y Esuco SA.

Tras un análisis de las irregularidades detectadas en el marco de los procesos de licitación se observaron ventajas ilegítimas a las empresas que resultaron ganadoras, destacando que la obra de Paraná de las Palmas le fue adjudicada la UTE encabezada por Odebrecht, que competía con la UTE Camargo Correa-Esuco, la cual resultó, a su vez, beneficiada con la adjudicación del otro concurso en el que participaba (planta de pretratamiento de Berazategui). Es decir, la UTE Camargo Correa-Esuco participaba paralelamente en los dos procesos de licitación, en los cuales se observaron procederes casi idénticos. El juez entendió que hubo a través de cartelización un reparto irregular de la obra pública.

Se verificaron incrementos presupuestarios injustificados desde el inicio de los procesos licitatorios y modificaciones a los proyectos realizados por la propia AySA que incorporaban obra nueva por fuera de los originales, aumentando ilícitamente sus ventajas.

Se resaltó el tiempo que insumieron las obras. La Planta de Paraná de las Palmas debió entregarse, según el contrato, en febrero de 2012, pero recién se empezó a recibir la obra en forma provisoria en agosto de 2014. La Planta de Berazategui debió entregarse en enero de 2011, pero la primera etapa se entregó en abril de 2015. Si bien ambas Plantas se encuentran operativas al servicio de AySA, todavía no fueron entregadas definitivamente: en este sentido también se pidieron explicaciones a la actual dirección de AySA.

La obra de Paraná de las Palmas preveía un valor estimado en $ 1.800.000.000, los incrementos, la financiación del BNDES, las prórrogas sistemáticas y la aplicación de redeterminación de precios, llevó el valor del contrato a casi $ 6.500.000.000. Para la Planta de Berazategui se había estimado un presupuesto de $ 324.000.000 y el valor del contrato se elevó hasta hoy a casi $ 860.000.000.

En suma, el juzgado advirtió que el Estado pagó muy por encima de lo previsto y se demoró injustificadamente su entrega.

Además, ordenó la declaración indagatoria de los empresarios brasileños Marcelo Odebrecht y Antonio Miguel Marques (presidente de Camargo Correa).

Por otro lado, ordenó recibir declaración indagatoria en orden a una hipótesis de sobornos vinculados a esas contrataciones públicas a: Julio De Vido, José Francisco López, Roberto Baratta, Jorge Rodríguez, Osvaldo Gandini, Marcos Sankowicz, los abogados uruguayos: Carlos Dentone Loinaz, Martín Molinolo y Pablo Correa Calcagno. Además, ampliar indagatoria a Carlos Ben, Raúl Biancuzzo, Fabián López, Edgardo Bortolozzi, y los empresarios Aldo Roggio y Tito Biagini.

Informe: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7