La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky (como presidente), Juan Carlos Gemignani y Eduardo Rafael Riggi (como vocales), por mayoría, hizo lugar a los recursos de casación del Ministerio Público Fiscal y de la querella (familiares de la víctima). De ese modo, anuló las condenas a 5 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público y la pena impuesta a los imputados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal interviniente y ordenó el dictado de un nuevo pronunciamiento que analice la calificación más gravosa y el consiguiente pedido de pena formulado por los acusadores.

La mayoría se conformó por los votos de los jueces Borinsky y Gemignani. El juez Riggi, en disidencia, rechazó los recursos de los acusadores y convalidó la condena objeto de revisión.

La hipótesis acusatoria está referida a un delito de lesa humanidad vinculado a la detención ilegal, traslado y posterior alojamiento en la Comisaría 28º, con sometimiento a torturas, de un joven que militaba en la JUP de La Plata, quien permanece desaparecido. Los imputados revestían los cargos de Comisario y Sargento de la PFA al tiempo de ocurrencia de los sucesos que motivaron la condena.

Por unanimidad, se rechazaron los recursos de la defensa de los condenados.