La jueza de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, reivindicó el fallo del Alto Tribunal que frenó la liberación de 60 menores detenidos en institutos de la Capital. Aseguró, en declaraciones a la prensa, que no se podía liberar a los menores sin antes averiguar en que situación están."Sin averiguar que pasa, estamos ofreciéndolos de blancos móviles", sostuvo. Es que según Argibay, "estos chicos están marcados" y podrían haber sido víctima de "gatillo fácil". 

"Si nosotros, sin averiguar a dónde van a ir para que estén seguros, los largamos a la calle hacemos de ellos chicos de la calle que van a sufir el maltrato, la explotación o la muerte", agregó.

Argibay también señaló que "bajar la edad de imputabilidad, subir penas indiscriminadamente, incluir delitos insólitos en el Código Penal no sirve para nada porque "cuanto mayor sea la cantidad de prohibiciones peor va a ser la vida social".

En el fallo que disparó la polémica, la Corte revocó una sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional  de Casación Penal que declaró inconstitucional el régimen de menores establecido en la Ley 22.278, con alcance general, y ordenó la libertad progresiva de todos los menores dispuestos en virtud de dicha norma en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, implementando un mecanismo de reemplazo tanto para los casos en trámite como los que se presenten con posterioridad.

El máximo tribunal consideró que no podía permanecer indiferente ante la gravedad de la situación de los menores en el país por la demora en la adecuación de la legislación. Sin embargo, no justificó que los tribunales creen un régimen general sustitutivo. 

La causa se había originado a raíz del habeas corpus interpuesto por Emilio García Méndez y Laura Musa en su carácter de presidente y directora ejecutiva –respectivamente– de la Fundación Sur Argentina. La acción fue deducida en favor de todas las personas que por hechos presuntamente cometidos antes de cumplir los 16 años de edad se hallaren privados de su libertad en virtud de resoluciones judiciales, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se solicitó, asimismo, que se inste al Poder Ejecutivo Nacional y local a elaborar e implementar un plan progresivo de liberación de dichos jóvenes.