El juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, dispuso este lunes el procesamiento de Julio De Vido en el marco de una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para gasoil de líneas de colectivos, y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1.000 millones de pesos.

El magistrado también procesó a Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, a quienes dispuso embargo por sumas de hasta 900 millones de pesos.

Según la resolución, “se imputa a Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro, en sus condiciones de interventores de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte; Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ariel Ramos, en sus condiciones de Secretarios de Transporte; y Julio Miguel De Vido, en su condición de Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, haber intervenido en el hecho que se detalla a continuación, que ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de aproximadamente seiscientos nueve millones trescientos veintiséis mil ciento ochenta y seis pesos, con veinticinco centavos ($ 609.326.186,25)”.

“Los imputados ocuparon los cargos públicos referidos por los siguientes períodos: Roque Guillermo Lapadula, del 06/06/2003 al 09/02/2004; Pedro Ochoa Romero, del 09/02/2004 al 10/12/2007; Antonio Eduardo Sícaro, del 11/12/2007 al 15/08/2012; Ricardo Raúl Jaime, del 25/05/2003 al 01/07/2009;  Juan Pablo Schiavi, del 01/07/2009 al 07/03/2012; Alejandro Ariel Ramos, del 07/03/2012 al 10/12/2015 y Julio Miguel De Vido, del 25/05/2003 al 10/12/2015”, agrega.

Además, señala  que “durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían.

A tal fin, diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.

“Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes. La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron  GPS en los colectivos, en el año 2014”, añade.