El juez Casanello dispuso tener como depositario judicial del yate (embarcación Altamar 64), secuestrado en el marco de la causa seguida contra Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito -actualmente a la espera de realización de juicio oral- al Ministerio de Seguridad de la Nación.

El magistrado invocó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la normativa interna, para disponer la medida cautelar y asignarle una finalidad pública, social y reparadora. Se citó el antecedente de la causa de ese mismo juzgado que tiene por imputado a Lázaro Báez y la ratificación de ese criterio por parte de la Cámara Federal de Apelaciones.

La cartera ministerial indicó que dicho aporte le permitirá al Estado Nacional contar con una nave de avanzada tecnología que posibilitará el desplazamiento eficiente y rápido a los diferentes escenarios de la hidrovía donde se desarrollen operaciones de seguridad en la lucha contra el crimen organizado, el delito complejo o donde se requiera la presencia de la Nación.