La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia pidió a jueces inferiores extremar recaudos para agilizar y profundizar la investigación, en una causa por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último gobierno militar.

El pedido recayó en un caso que llegó a esa instancia por un conflicto de competencia entre los juzgados federales de Rawson y de Comodoro Rivadavia, radicados en la provincia de Chubut, donde la cámara reconoció la competencia a este último para entender en un proceso donde se investiga la imposición de torturas en el centro clandestino de detención que habría funcionado en el Regimiento de Infantería 8 de General O’Higgins.

En la resolución, los camaristas Hebe Corchuelo de Huberman, Aldo Suárez y Javier Leal de Ibarra advirtieron una demora en la causa, y repararon “con asombro” que mientras las actuaciones permanecieron en manos del juez de Rawson no se convocó a prestar declaración testimonial a las víctimas ni a sus familiares.

Destacaron que “se ha incumplido” con la norma que estipula que las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción, la que será continuada por el tribunal que primero conoció en la causa. “De allí que recomendaremos al Juez Federal de la ciudad de Rawson que para el futuro, y ante casos similares, adecue su proceder al precepto legal citado a fin de evitar demoras innecesarias en la tramitación de las causas”, señalaron.

En el caso se investigan presuntos hechos de torturas que habrían sido cometidas en el Regimiento de Infantería 8, ubicado en Comodoro Rivadavia, previo retiro de las víctimas de la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en Rawson.

Ahora, tras la decisión de la cámara, el expediente estará bajo la competencia del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, a cuya titular los camaristas le recomendaron que “extreme los recaudos a efectos de otorgar preeminencia y celeridad a la presente investigación”.

Asimismo, solicitaron tener presente lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia (en acordadas 42/08, 4/09 y 37/09), en cuanto a que los jueces a cargo de la investigación o el juzgamiento de los hechos ocurridos durante el último gobierno de facto deberán extremar recaudos para acelerar el trámite de las causas pendientes y que permita, a la vez, resolver la situación de las personas inculpadas en un plazo razonable, exhortando a los jueces que evalúen con urgencia las decisiones a tomar a efectos de que sean lo más conducentes en cuanto al objetivo de celeridad del trámite.