La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó este lunes la decisión del juez Sebastián Casanello que dispuso la entrega a Vialidad Nacional de la maquinaria vial secuestrada a las empresas de Lázaro Báez. Esas máquinas de las firmas Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A. se encuentran embargadas como consecuencia de los procesamientos dictados a Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero.

Las medidas precautorias se ordenaron con la doble finalidad de asegurar las enormes sumas embargadas sujetas a las responsabilidades pecuniarias y las costas resultantes del proceso y también ante la sospecha de que esos bienes pudieran constituir el provecho o producto del delito y así eventualmente podría recaer sobre ellos el decomiso a favor del Estado Nacional (arts. 23 y 305 del C.P.N. y 518 del C.P.P.N.).

Porque se evaluó que internacionalmente nuestro país se comprometió a adoptar todas las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Trasnacional (Ley 25632 que aprobó la Convención de Palermo), y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por Ley 26097) y también porque estas medidas forman parte de las recomendaciones del GAFISUD –Grupo de Acción Financiera Internacional-.

Los jueces entendieron que en nuestros días existe un fuerte reclamo social que, a la par de repudiar estas conductas, exige que se atienda a las necesidades de la comunidad, a cuya postergación también habrían contribuido estos hechos. Y, así sostuvieron que las decisiones judiciales deben atender tales extremos cuando las peticiones concretas resultan fundadas y razonables atendiendo a las características del caso.

En este sentido, Vialidad Nacional se comprometió a darles un destino en beneficio de la comunidad, como el de la campaña invernal que se va a desarrollar en la Patagonia.

La entrega fue ordenada en carácter de depositario judicial, es decir que no es definitiva, y se dispuso que el cuidado y preservación se encuentre a cargo de Vialidad Nacional.

Actualmente las máquinas se encuentran en Santa Cruz, alojadas sin uso en distintos obradores de las empresas propietarias.