La Corte Suprema requirió por unanimidad a la Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo (la Acumar) que establezca un sistema de indicadores, presente informes periódicos e intensifique las tareas en el cumplimiento de la sentencia que en el año 2008 ordenó el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Asimismo, puso en conocimiento del Jugado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n° 12 (juzgado de ejecución de la sentencia) el informe presentado por la Auditoría General de la Nación.

En la audiencia celebrada ante el Tribunal el 30 de noviembre de 2016 se constataron deficiencias en el cumplimiento del programa establecido en la sentencia de la Corte del 8 de julio de 2008. Por esta razón, se requirió en el día de la fecha a la Acumar que establezca un sistema de indicadores que, conforme a los criterios internacionales de medición disponibles, permita -en un plazo perentorio de tres meses- medir el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Asimismo, el Tribunal ordenó que Acumar presente un informe –al 1° de marzo de 2017- detallando un calendario con los objetivos de corto, medio y largo alcance para cada uno de los objetivos fijados en la sentencia en ejecución. Acumar también deberá presentar informes periódicos sobre el avance de cada objetivo.

La Corte ordenó a la Acumar prestar especial énfasis en el control de la contaminación industrial; el saneamiento de basurales y limpieza de márgenes; la expansión de la red de agua potable y cloacas, en especial el “Sistema Riachuelo”; la existencia de plantas desvinculadas al Plan Maestro de AYSA; la relocalización de villas y asentamientos precarios; el plan sanitario de emergencia y la calidad ambiental.

Con relación a los basurales, la Corte destacó que una de las deficiencias más notorias es la presencia de basurales a cielo abierto y los cambios en el sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos. También puso énfasis en que se debe trabajar en la recolección de residuos en todo el ámbito de la Cuenca, especialmente en las zonas que lindan con las márgenes del curso de agua.

En cuanto a las villas y asentamientos precarios, dispuso acelerar el cumplimiento del convenio Marco y avanzar en la liberación del camino de sirga a la altura de las villas 21-24 y 26 y en la relocalización de sus habitantes.

Respecto al Plan Sanitario de Emergencia, subrayó la necesidad de elaborar el Mapa de Riesgo Sanitario Ambiental y fortalecer el Programa de Salud Ambiental Infantil. Dispuso que la Acumar deberá informar, entre otras, la fecha en que el Hospital de Cañuelas comenzará con la atención al público.

Por otra parte, el Tribunal requirió a los jueces federales delegados que intensifiquen el control en el cumplimiento de los objetivos del PISA.

Finalmente, puso en conocimiento del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n° 12 –uno de los dos juzgados encargados de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte el 8 de julio de 2008- el informe presentado por la Auditoría General de la Nación y los elementos aportados en la audiencia pública celebrada el 30 de noviembre último pasado, a los efectos de que el magistrado adopte las medidas correspondientes.