El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, exigió al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) adoptar una serie de medidas para el ordenamiento territorial de esa región, en el marco de la causa “Mendoza”, donde la Corte exigió el año pasado un plan de saneamiento ambiental de la zona.

Así, ordenó notificar a todos los productores mineros de la zona la obligación de presentar planos de labores y planes de explotación en el registro, impulsar la implementación de una Ley de Procedimiento Minero y fortalecer al Misterio de Producción local, entre otras medidas.

Registro minero

El juez intimó a ACUMAR a gestionar, por sí o por el Gobierno provincial, las notificaciones a todos los productores de minerales de tercera categoría de la zona para presentar planos de labores y planes de explotación.

Ello, pues advirtió que sa ha omitido notificar esa exigencia a la totalidad de los productores mineros que se hallan en el territorio del territorio de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Para ello, le exigió un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de aplicar multas diarias, que podrán ser aplicadas “en cabeza del Presidente de la Autoridad obligada o del Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires”.

Fortalecimiento institucional

En la resolución, Armella advirtió que “las actividades llevadas a cabo no son suficientes para efectuar los contralores y las medidas necesarias para el saneamiento de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo”, y concluyó así que “surge la necesidad de fortalecer el ámbito del Ministerio de la Producción, dentro de la administración provincial, para lo cual corresponde intimar al Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires a tomar los recaudos necesarios para dar cumplimiento a dicho fortalecimiento”.

Procedimiento minero

En tanto, el magistrado también remarcó la necesidad de “llevar adelante toda medida necesaria para la implementación de una Ley de Procedimiento Minero Provincial y su reglamentación necesaria, que de operatividad a la Guía de Transporte de Áridos”.

Relevamiento

Por otra parte, el juez indicó que “se observa la necesidad de conocer el pasivo ambiental con que cuenta la Provincia de Buenos Aires dentro de los partidos que componen la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo y este Juzgado”.

En este sentido, dijo que debe requerirse al Ministerio de la Producción que "efectúe un relevamiento de ese territorio, debiéndose informar los predios donde se hallan dichos pasivos, individualizando adecuadamente a los generadores de los mismos, como así también las remediaciones que se exigirán en cada caso, y en su defecto las sanciones que recaerán sobre los responsables. Para ello, corresponde también hacer saber al Sr. Gobernador que deberá instruir a la Fiscalía de Estado de esa Provincia, en la colaboración de la producción de dicho informe”.

Obra pública

Asimismo, y a fin de no promover nuevos emprendimientos mineros que pudieran contradecir la finalidad de estas actividades, el magistrado ordenó a ACUMAR, al Gobierno bonaerense y a  la empresa AYSA SA “abstenerse de efectuar contrataciones de obra pública, con emprendimientos mineros que no cumplan con la nueva reglamentación y que no presente una caución necesaria que asegure la remediación de posibles pasivo ambientales”.