El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba confirmó una resolución de la Cámara de Acusación que fijó al Poder Ejecutivo provincial el plazo de un año para que el edificio de la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), que funcionan en la ex Cárcel de Encausados, quede "definitivamente inhabilitado para ser utilizado como lugar de alojamiento, detención o contención de personas privadas policial o judicialmente de su libertad".

El Gobierno provincial había cuestionado la resolución judicial emitida en marzo último, por considerar que el tiempo establecido por la cámara resultaba "desproporcionado y de imposible cumplimiento total y efectivo desde el punto de vista técnico, constructivo y financiero".

En su recurso de casación, el Poder Ejecutivo estimó que la construcción del nuevo módulo en el complejo penitenciario ubicado en la localidad de Bower "tardaría aproximadamente un año y medio", y agregó que los pabellones de la UCA que han sido "remodelados para el alojamiento de personas privadas de su libertad, siendo evidentes las mejoras edilicias".

Al resolver la cuestión, el Tribunal Superior hizo suya una afirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, al referirse a una cuestión análoga, señaló que las dolorosas comprobaciones vinculadas a la vulneración de la libertad ambulatoria "no encuentran justificativo en las dificultades presupuestarias".

El Alto Cuerpo añadió que el plazo establecido por la cámara no constituye "un ejercicio arbitrario" de las facultades del tribunal. En este punto, el tribunal recordó que los camaristas sustentaron su decisión en que "los niveles de agresividad por parte de los detenidos en la UCA hacia sus instalaciones es siempre muy elevado", situación que hace prever que las actuales "óptimas condiciones de habitabilidad" que presentan los pabellones remodelados no se conservarán por demasiado tiempo.