La Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal hizo lugar a un recurso presentado por dos organizaciones no gubernamentales (ONG) para monitorear causas contra funcionarios públicos.

Se trata de un caso en la que el mismo tribunal, en mayo último, hizo lugar a la pretensión de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica (CIPCE) de acceder a contenidos generales de una causa en la que se investiga el supuesto pago de "sobornos" por parte de una empresa nacional a un funcionario del Gobierno de Filipinas.

Con posterioridad a esa decisión, el juez de primera instancia dispuso supeditar el cumplimiento de lo resuelto a la incorporación de nuevos elementos probatorios. Esa resolución fue apelada por las ONG.

Ahora, la cámara hizo lugar al recurso de apelación. Para ello, entendió que la decisión del magistrado es “irrazonable, ya que, sin perjuicio de las constancias que en el futuro puedan colectarse, no se ha permitido conocer ninguno de los elementos ya incorporados al legajo (que a la fecha cuenta con casi dos cuerpos de actuaciones), sin que se haya señalado -ni se observe- circunstancia alguna que impida el acceso de los incidentistas a tal información”.

Y agregó: “No resulta una exigencia que el o los imputados (todavía no identificados en el caso) brinden su consentimiento sobre la extensión de los datos a suministrar”.