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    El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba llevó a cabo el acto de apertura del año judicial

    En la ceremonia, el presidente del máximo tribunal provincial, Domingo Sesin, destacó que “hay que garantizar el acceso a la Justicia de los vulnerables”. Del acto participó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano

    El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), Domingo Sesin, aseguró que hay que “garantizar aún más el ejercicio de los derechos y el acceso a la Justicia por parte de los sectores más vulnerables de la sociedad”. Esto lo afirmó al pronunciar el discurso de Apertura del Año Judicial 2016, que se celebró en el Palacio de Justicia el lunes 7 de marzo y que contó –entre otros- con la presencia del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.

    El titular del Alto Cuerpo insistió en que a los sectores más vulnerables, “por una serie de factores, como el formalismo extremo, a veces, el acceso a la Justicia se les figura como lleno de obstáculos”, no obstante la existencia del “beneficio de litigar sin gastos, así como de la actuación de los defensores públicos, de los Juzgados de Paz, de la Oficina de Derechos Humanos y de las Asesorías Letradas Móviles”. Por otra parte, el magistrado destacó que “la potestad punitiva del Estado solo debe utilizarse en los supuestos excepcionales y la intervención del Poder Judicial debe dejarse como último reaseguro cuando las herramientas anteriores hayan fracasado”. “Cuando interviene el Poder Judicial, el conflicto y el hecho traumático se han producido; lo importante es evitarlos”, manifestó.

    Asimismo, Sesin enfatizó que, en el actual estado social y democrático de derecho, “los derechos individuales tienen que convivir con los derechos sociales”. “En la actualidad, se siguen tutelando los derechos de propiedad y de libertad de mercado, pero ambos con un límite infranqueable: la solidaridad, la paz, el interés general y el respeto del medio ambiente”.

    En ese sentido, el titular del Alto Cuerpo expresó que se debe lograr la armonía entre los derechos, porque “si cada principio o valor se entendieran como absolutos sería imposible la convivencia colectiva”. “Así, si la prestación de un servicio público esencial fuese interrumpida totalmente se estaría descuidando el derecho de los usuarios de ese servicio. Por ello, el desafío del tiempo presente no es la primacía de unos derechos sobre otros, sino la protección de todos al mismo tiempo mediante una prudente y equilibrada limitación”, insistió.

    El presidente del TSJ también reconoció la “importancia de los proyectos de reforma” de los códigos procesales y de otros aspectos que están impulsando, en sus respectivas órbitas, los gobiernos provincial y nacional, siempre en la búsqueda de “un nuevo modelo de gestión judicial que optimice los tiempos y recursos en la sustanciación de los procesos”.


    Independencia consolidada

    Finalmente, Sesin expresó que “la independencia del Poder Judicial se encuentra absolutamente consolidada en Córdoba, en mérito a la calidad de sus integrantes”, fruto de los procesos de selección y del respeto por los “órdenes de mérito elaborados por el Consejo de la Magistratura de la provincia”.

    “La modernización está en marcha, pero aún nos falta mucho por hacer para alcanzar la soñada agilidad, eficiencia, eficacia y la ampliación del acceso a la Justicia por parte de los sectores más vulnerables”, concluyó el magistrado en el discurso que puede visualizarse en el enlace que está al pie de la página.

    Antes que Sesin hicieron uso de la palabra el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, Luis Angulo, y el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quienes se refirieron a las reformas impulsadas por los gobiernos provincial y nacional, respectivamente.

    Al acto asistieron el vicegobernador, Martín Llaryora; los vocales del TSJ, Aída Tarditti, Luis Rubio, Mercedes Blanc de Arabel, Carlos Francisco García Allocco, María Marta Cáceres de Bollati y Sebastián López Peña; el fiscal General, Alejandro Moyano; el presidente de la Junta Federal de Corte y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas, Rafael Gutiérrez; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor Vélez, además de numerosos magistrados provinciales, federales y otras autoridades provinciales y municipales.

     

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