En relación con una noticia publicada en el diario Perfil del 31 de enero de 2016 titulada “Denuncian a ex funcionarios que dependían de la Corte Suprema”, desmentimos totalmente la misma en el sentido de que dichos funcionarios no dependen de la Corte Suprema.

La administración de la Corte Suprema es absolutamente transparente y controlada por la Auditoría General de la Nación (AGN), porque ha sido contratada aún sin obligación legal. Todos los dictámenes de este organismo de control han sido de elogios y no se ha detectado irregularidad alguna. Todos están publicados debidamente tanto en la Corte Suprema como en la AGN, con la firma de Leandro Despouy, quien fuera su titular hasta fin del año 2015.

La administración del Consejo de la Magistratura es absolutamente independiente de la Corte, y todo su proceso licitatorio responde a las autoridades de ese organismo. Así lo marca la Constitución Nacional, las leyes de organización del Consejo y las decisiones de los propios consejeros.

Ante las opiniones que presuntamente se habrían vertido en un informe de la Dirección de Infraestructura, señalamos que la misma depende del Consejo de la Magistratura de la Nación, así como las personas que se mencionan en el referido artículo.