Los integrantes del Consejo de la Magistratura han declarado inadmisibles dos casos de juicio político. Se trata de los dos primeros en ser analizados tras la integración en el año 2008 del Consejo y el Jurado de Enjuiciamiento, conforme a las nuevas normativas constitucionales y legales que rigen para ambos.
 
El primero de los casos corresponde a la doctora María Eugenia Sierra de Desimoni, juez de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la primera circunscripción judicial, denunciada por el ingeniero Rodolfo Amilcar Paladini, quien alegó que la magistrada no se apartó de una causa tras varias recusaciones.
 
La denuncia no prosperó, esto es, se resolvió no abrir el procedimiento de remoción por lo que el caso no pasará al Jurado de Enjuiciamiento. El Consejo consideró que no había causal de recusación al no comprobarse la supuesta enemistad manifiesta del magistrado para con el denunciante.
 
En el segundo José Nicolás Ceballos denunció al titular del Juzgado de Instrucción y Correccional de la ciudad de Santo Tomé, doctor Rodrigo López Lecube, por inconducta en la atención al profesional. El planteo tampoco irá al Jurado de Enjuiciamiento, desestimado por no contar con entidad suficiente.
 
Según lo establece la ley N° 5849 que regula el funcionamiento de este órgano, una vez recepcionada la denuncia se requiere una mayoría de tres de los miembros como mínimo para formular la acusación, tras lo cual el acusado queda automáticamente suspendido en el ejercicio de la función. El rechazo en ambos casos ha sido por unanimidad.
 
El Consejo de la Magistratura es un órgano extra poder que está presidido por el titular del Superior Tribunal de Justicia; el Fiscal de Estado, un magistrado o integrante del Ministerio Público, elegido por votación directa de sus pares y un abogado elegido por votación directa de sus pares a través de sus entidades representativas. Por último, se integra con un profesor titular por concurso de la Facultad de Derecho de la UNNE, elegido por votación directa de sus pares.  Todos los cargos poseen un carácter honorario e irrenunciable.