La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal rechazó un recurso de casación interpuesto por un ex funcionario público, contra la decisión que permitió a dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) el monitoreo de una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en una licitación pública realizada durante la década del 90.

Así, la cámara confirmó la decisión de autorizar a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y al Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica (CIPCE), para que tomen vista de los expedientes del proceso que analiza la licitación y concesión a una empresa del dragado y mantenimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, ubicada entre el Río Paraná y la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata.

Los magistrados señalaron que la decisión que permitió el monitoreo del expediente no se trata de una sentencia definitiva y por ende no puede ser atacado por vía casatoria: “El pronunciamiento impugnado no reviste el carácter de sentencia definitiva ni equiparable a ella por sus efectos pues no impide la continuación de las actuaciones sino, por el contrario, tiene por consecuencia para el imputado seguir sometido a proceso, y esta ausencia de definitividad no puede suplirse aunque se alegue un supuesto de arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales”.

En tanto, el tribunal ratificó que será el juez de instrucción "quien defina a qué piezas en concreto tendrán acceso los peticionantes”.