La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky (presidente), Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, confirmó la condena a un asesor de María Julia Alsogaray, quien fuera interventora de ENTEL, como partícipe del delito de peculado.

El hecho por el que fue condenado es haber confeccionado y firmado indebidamente un acta que declaraba como bien transferible, en el marco de la privatización de ENTEL, un predio de 241 hectáreas propiedad del Estado Nacional (en donde luego se construyó el barrio cerrado “Santa Bárbara”). La incorporación de dicha acta –desconocida por los funcionarios actuantes- en los anexos del contrato de transferencia de activos celebrado en el marco de aquella privatización permitió la transferencia ilegal de aquel predio.

Este hecho provocó al Estado un perjuicio económico superior a los $100.000.000 -cien millones de pesos, según dictamen del Procurador del Tesoro del año 2000, época que existía paridad con el dólar-.

Para resolver como lo hizo, la Sala IV, por mayoría conformada por los Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, consideró que el peculado es un delito de infracción de deber en el que es viable el castigo a quien, a pesar de no encontrarse alcanzado por el deber, consigue sus fines a través del autor calificado, aun cuando éste no actúe dolosamente.

La Oficina Anticorrupción (Ministerio de Justicia) intervino como parte querellante en las presentes actuaciones.