El Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín dará a conocer el 16 de julio próximo la sentencia en un juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. CIJ TV transmitirá en vivo.

Previo a ello, desde las 10, el tribunal -integrado por los jueces Marcelo Gonzalo Díaz Cabral (presidente), Alfredo Justo Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Elbio Osores Soler- ofrecerá a los ocho acusados la posibilidad de expresar sus últimas palabras.

Cabe recordar que, en su alegato, la querella que representa al Partido Comunista de la Argentina solicitó la pena de prisión perpetua para Miguel Ángel Ossés; 25 años de prisión para Daniel Alfredo Scali, Marcelo Eduardo Barberis, Héctor Oscar Seisdedos, Néstor Rubén Oubiña, Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Comes, y 19 años para Felipe Ramón Sosa.

Asimismo, tanto los representantes del Ministerio Público Fiscal como de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -que actúa en la causa como querellante- habían solicitado las mismas penas para los ocho acusados.

Las audiencias se realizan en la sala que la Justicia Federal tiene disponible en la calle Pueyrredón nº 3734 de la ciudad de San Martín.

En la causa se investigan los hechos de privación ilegal de la libertad agravada, violación, abuso deshonesto, tormentos y homicidios, acaecidos en el ámbito de la Subzona 16 del Primer Cuerpo de Ejército, en particular los que tuvieron lugar en el centro clandestino conocido como “Mansión Seré” o “Atila”, que habría funcionado entre diciembre de 1976 y fines de marzo de 1978. La investigación alcanzó los sitios ubicados en la Subzona 16, que abarcara a los partidos bonaerenses de Morón (en su anterior conformación), Merlo y Moreno. Conformado también por al menos la Iª Brigada Aérea de El Palomar, la VIIª Brigada Aérea de Morón y las Comisarías 1ª (seccional Morón), 2ª (seccional Haedo) y 3ª de Morón (seccional Castelar).

En el marco de la investigación, el juez de instrucción tuvo por acreditado la comisión de dos homicidios agravados, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas que afectaran 95 víctimas, privaciones que en el caso de 48 víctimas se encuentran agravadas por su duración, y todas ellas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados en 83 ocasiones.

A continuación se consignan el resto de las partes que componen la presente causa: Martin Niklison, fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia de causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal de la Nación; la abogada apoderada María Mónica González Vivero, en representación de los querellantes Pablo Varela Radisic, María Inés Monzani, Marcos José Isla, Norberto Pedro Urso, Rubén Delfor Jesús Galucci, Julia Isabel Ruiz y Mariano Enrique Berroetea; el querellante Pablo Enrique Barbuto, con el patrocinio letrado de María Antonella Parodi y Leonardo Andrés Martínez por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación; la querellante Nora Alcira Etchenique, con el patrocinio letrado de Roberto Boico; los abogados apoderados Liliana Mazea y Pedro Dinani, respecto de los querellantes Guillermo Marcelo Fernández, Carlos Alberto García Muñoz, Jorge Marcelo Zurrian, Oscar Walter Arquez, Atiliano Rosendo Rojas Gómez, Susana Graciela Avalo, Adriana Cristina Martín, Zoraida Isabel Consuelo Martín, Francisco Osvaldo Sánchez, Carlos Raúl Pereira, Maria Cristina Guerra, Adelaida Miguela Aguirre de Walsh, Débora Alicia Walsh, Enrique Maximiliano Walsh, Sergio Narciso Santacruz, Orlando Raúl Llano y Conon Saverio Cinquemani; el querellante José Ernesto Schulman, en representación del Partido Comunista de la Argentina, con el patrocinio letrado de Pedro Dinani y Sabrina Nahir Dentone; y la querellante Ángela Paolin de Boitano, presidenta de la “Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas”, con el patrocinio letrado de Flavia Andrea Fernández Brozzi.