La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso el restablecimiento del trámite pleno de las causas de competencia de los tribunales federales de ejecuciones tributarias.

El trámite de aquellas causas se encontraba paralizado desde el 1° de abril, por decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, dada la “imposibilidad” física de recibir demandas iniciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la carencia de recursos humanos suficientes para tramitarlas adecuadamente.

Mediante una resolución firmada el jueves 11 de junio, el Máximo Tribunal dejó sin efecto la acordada de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y dispuso el “inmediato” reestablecimiento del trámite de aquellos procesos.

La Corte aseguró que, habiendo tomado conocimiento de la magnitud del problema existente en los juzgados, se dispusieron medidas de urgencia tendientes a atenuar, en lo posible, la gravedad de los inconvenientes planteados con relación a las medidas de seguridad.

Además, destacó que adoptó todas las medidas necesarias para paliar el colapso producido por los reclamos vinculados con la ley 25561 y normas complementarias.

Paralización

La suspensión del trámite de causas había sido solicitada por jueces federales de ejecuciones por medio de una presentación ante la Cámara en lo Contencioso, en la que advirtieron la imposibilidad física de decepcionar demandas iniciadas por la AFIP y la carencia de recursos humanos suficientes para tramitarlas adecuadamente.

La medida había sido pedida hasta tanto se nombre la dotación mínima de personal y se entregue el edificio ubicado en Paraguay 925, Ciudad de Buenos Aires (donde está previsto que funcione el fuero), para poder “brindar adecuadamente el servicio de justicia”.

En la acordada, la Cámara en lo Contencioso destacó la ausencia de la mínima estructura edilicia necesaria y de los elementales recursos humanos inprescindibles que han llevado a la situación de "colapso" señalada por los magistrados de primera instancia.

La cámara también había pedido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en forma urgente efectúe una inspección al local ubicado en Defensa 135, donde funciona el fuero, y se pronuncie sobre su habilitación para funcionar en las actuales condiciones.